Aprueban en Comisiones Unidas dictamen de juicio político contra Robles

Las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación aprobaron este jueves el dictamen sobre procedencia del juicio político contra Rosario Robles, dando inicio formal al proceso. De manera unánime, aunque sin representación del PRI, se inició el proceso de carácter político contra la ex titular de la Sedatu y Sedesol, no obstante, algunas diputadas y diputados, incluidas algunas de Morena, consideraron insuficiente o únicamente simbólico este proceso.

El diputado Rubén Cayetano, de Morena, mencionó que existen elementos suficientes en contra de la ex titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, por incurrir en actos de desviación de recursos. Este defendió que hoy únicamente se trate este caso, afirmando que no es necesario que estén todos los implicados abordados en un solo proceso, sino que ante la posibilidad de más denuncias podrá haber desglose para atender cada caso.

Asimismo, argumentó con este proceso se terminará con la «pretenciosa impunidad del viejo régimen» donde no se atendió la contratación de organizaciones acrecientes de infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratados por universidades para triangular recursos.

Aunque coincidió en el sentido del voto a favor, la diputada morenista Lorena Villavicencio dijo que le parecía una valoración exhaustiva. Esta dijo que si bien se hizo la mención de una pretensión para inhabilitar a la ex funcionaria federal, quedaba la duda de por qué se intentaba iniciar un nuevo proceso cuando ya está bajo un proceso para enjuiciaría por parte de una autoridad judicial y estaba inhabilitada por parte de la Contraloría. }

Además, cuestionó por qué si en el caso de la ‘Estafa Maestra’ se encuentran más personas implicadas sobre las cuales hay peticiones de juicios políticos, estos dictámenes no se encuentran actualmente sobre la mesa para su discusión dado que los juicios políticos tienen un plazo perentorio de un año de acuerdo a los términos de lo que señala tanto la Constitución como la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos.

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«Yo no voy a defender a un funcionario público que tenga que hay una presunción de una desviación de recursos o que cometió actos ilícitos […] pero si me llama la atención que Rosario Robles está en la cárcel está inhabilitada dónde está Peña Nieto, dónde están el secretario de Hacienda, donde están otros funcionarios que hoy te deberían tener un proceso penal en su contra que también cometieron actos ilícitos porque si no parecería que la justicia es selectiva en este país, cosa que no podemos permitir quienes estamos con la pretensión de actuar de manera», dijo.

La oposición tuvo posicionamientos similares. La diputada Martha Tagle, por ejemplo, mencionó que en el artículo 110 de la Constitución donde se señala que las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones empleos cargos o comisiones de cualquier naturaleza del servicio público, considerando ello importante debido a que Robles dejó ya el cargo por lo que ni podrá ser destituida ni aplicaría la segunda sanción debido a que cuenta con una inhabilitación por 10 años.

En ese sentido, mencionó que si bien iniciar el juicio político podría dejar un precedente legal en la Cámara de Diputados, este ya no tendría efectividad puesto que la ex funcionaria ha sido sancionada, sin embargo, también manifestó su extrañeza debido a que el dictamen no abunda incluyendo a funcionarios de otras secretarías como SEP, Sagarpa, Senasica, Secretaría de Economía , etc. los cuales dejarán de ser objeto de juicio político a partir del próximo 1 de diciembre por disposición legal lo cual haría parecer que se está actuando de manera parcial actuar en contra de la corrupción desarticulando la red de este delito.

En defensa de la integración del dictamen, Tatiana Clouthier dijo que el hecho de que se hayan desviado recursos encauzado a la materia educativa tiene un doble énfasis porque se atenta contra la inversión en capital humano y futuro del país, y que si bien Robles está sujeta a una inhabilitación esta se debe por falsear datos en su declaración patrimonial, por lo que sí es posible que sea sometida a un juicio político.

Finalmente, la diputada mencionó que coincidía en que se debía buscar respetar el artículo 18 constitucional y dar todas las garantías para que acuda Rosario Robles a realizar su defensa, siendo así este caso el que permita «jalar el hilo» para empezar a hacerse denuncias penales en contra de otros implicados, comprometiéndose que de haber manera de enjuiciar al presidente Enrique Peña Nieto ella estaría firmando a favor de ello.

Finalmente, por parte de la Comisión de Justicia, a favor del dictamen se obtuvieron 22 votos a favor y 2 en contra, mientras que por la Comisión de Gobernación sumaron 24 votos a favor y 1 en contra.