Aprueban diputados creación del Instituto de Salud para el Bienestar

La Cámara de Diputados aprobó la creación del Instituto de Salud para el Bienestar. Esta tarde, mediante reformas a la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, el poder legislativo inició la aprobación del andamiaje legal del sustituto del Seguro Popular.

En el dictamen aprobado los diputados establecieron que la reforma al artículo 7° de la Ley General de Salud, la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin seguridad social, la Secretaría de Salud se auxiliará del Instituto de Salud para el Bienestar.

Miroslava Sánchez Galván presentó este documento defendiendo que este favorece el avance de la plenitud del derecho al acceso a servicios médicos para la mitad de la población mexicana que carece de seguro social. Esta acusó que la necesidad de un nuevo sistema popular de salud, que sustituya al Seguro Popular se debe a que al menos 20 millones no están afiliados ni recibieron atención de esta institución desde 2003.

La reforma al sistema de protección social de salud, dijo, venía excluyendo padecimientos como insuficiencia renal crónica, inmunodeficiencia primaria, lupus y mieloma múltiple, por lo que el derecho a la salud debía desarrollar una estrategia de atención primaria a los pacientes como lo será el modelo de Salud del Bienestar, con el cual el gobierno buscará la superación de limitaciones en acceso a cobertura universal.

La diputada señaló que el INSABI será un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud, institución que garantizará también la prestación gratuita de los servicios médicos a los extranjeros enc aso de emergencia. Asimismo, subrayó que a el instituto recibirá los recursos por parte del gobierno federal y las entidades según lo que estos establezcan en los acuerdos de coordinación puntualizando que el gobierno no asignará montos inferiores al del ejercicio fiscal anterior.

Asimismo, expuso que se sustituirá el Fondo de Gastos Catastróficos por el Fondo de Salud para el Bienestar, del cual, el 8% será utilizado para la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, el 2% para atender infraestructura, especialmente para entidades marginadas, y el 1% será destinado al abasto y distribución de medicamentos, así como el acceso de los beneficiarios a exámenes clínicos.

Tras ello, las críticas no se hicieron esperar. Por parte del PRI, Irma Terán Villalobos declaró desde la tribuna que la protección de la salud es un derecho fundamental ya que permite el acceso a mejores estadios de desarrollo y bienestar. Sin embargo, pidió que se incluyeran claramente las fuentes y corresponsabilidades para que la sostenibilidad del nuevo Instituto esté garantizada dado que de lo contrario se llegará a una crisis más severa de la que se intenta paliar.

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Asimismo, pidió que se aseguren mejores condiciones de trabajo a enfermeras y médicos, procurándoles mejores instalaciones, equipos, insumos medicamentos para realizar sus actividades, así como un salario digno.

Maiella Gómez Maldonado, de Movimiento Ciudadano, se sumó a esta crítica siendo más clara al decir que no se puede pensar en un sistema de salud universal sin recursos suficientes, acusando que la Comisión de Salud recibió estudios de impacto presupuestario mismos que no fueron incorporados a la exposición de motivos del dictamen que están discutiendo.

Además de que se estarán centralizando los servicios de salud mediante convenios, lo cual generará servicios de salud sin certeza de las afectaciones o beneficios que tendrán las entidades federativas al no haber lineamientos, cálculos o formas mínimas de la asignación presupuestal de la federación a las entidades.

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La diputada Frinne Azuara Yarzabal , afirmó que el PRI no será obstáculo en la pretensión de un nuevo sistema de salud, sin embargo, como su compañera, insistió en que ven inconsistencias que, de aprobarse el dictamen en los términos presentes, se pondrá en riesgo finanzas públicas, abriendo la puerta a la discrecionalidad.

Algunas de las críticas más fuertes al presente dictamen provinieron del diputado Ector Jaime, del PAN, quien avizoró que más de 60 millones de mexicanos sufrirán “las ocurrencias de la 4T” acusando que los legisladores “no tienen vergüenza” dado que no modificaron nada del dictamen proveniente del poder ejecutivo.

Este defendió a la vez lo hecho durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón en materia de salud, sosteniendo que fueron responsables favoreciendo el incremento en salarios de médicos, ingresos e infraestructura hospitalaria, lo cual sirvió a que en 15 años el Seguro Popular creció más que el IMSS e ISSSTE en 45.

En defensa del dictamen, el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, de Morena, mencionó que el Seguro Popular pretendió dar protección social pero que este terminó siendo no un modelo de atención sino de financiamiento de cobertura ya que si la enfermedad del paciente no se encontraba dentro del catálogo de costos catastróficos entonces era el interesado en el servicio el que cubría el costo de su atención.

Tras la discusión, con 290 votos a favor, 65 votos en contra y 42 abstenciones, se aprobaron las reformas en lo general, por lo que se procedió a la discusión de las reservas en lo particular, sin embargo, una vez más, Morena y sus aliados usaron su mayoría para evitar cualquier modificación de fondo proveniente de la oposición.

En esta parte de la discusión, se aprobó reformar el contenido de artículos 77 bis 5, 77 bis 13 en su primer párrafo, y 77 bis 16, para suprimir referencias del término “propios” para que entidades cumplan obligaciones con cualquier tipo de recursos, otorgándoles mayor flexibilidad para cubrir compromisos de su participación del servicio médico.

Del PRI, se respetó la propuesta de Dulce María Sauri, del PRI, para que el artículo 77 Bis 35 C para modificar la redacción y abrir paso a una redacción con perspectiva de género, a manera de que se esclarezca que la Junta de Gobierno del INSABI quedará integrada por “la persona titular” de la Secretaría de Salud, la subsecretaría del Consejo de Salubridad General, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la salud de la SSA, la persona titular de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud de la SSA, la Subsecretaría de Egresos de SHCP, Subsecretaría de Desarrollo Social de la Secretaría de Bienestar, del IMSS, el ISSSTE, el Instituto del Seguro Social para las Fuerzas Armadas y una persona representante del Sindicato de trabajadores de la SSA.

Por último, se aceptó una adición de un artículo transitorio propuesto por la diputada Claudia Reséndiz, de Morena, para que en un periodo de 3 años contados a partir de la entrada en vigor del decreto se presente un informe del cumplimiento de la prestación de servicios, especificando la cobertura de atención a los grupos vulnerables

Finalmente, tras casi 7 horas de discusión, con 237 a favor, 0 abstenciones y 82 en contra se aprobó el dictamen en lo general y lo particular, por lo que pasará al Senado para su discusión.