INM comienza capacitación de personal para prevenir tortura y maltrato

Este miércoles, mientras las tensiones en la frontera sur causadas por los enfrentamientos entre migrantes de origen africano y autoridades mexicanas experimentaban una nueva escalada al registrarse una serie de destrozos en las inmediaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, Chiapas, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó sobre el inicio de la capacitación de su personal en materia de prevención de tortura y maltrato.

La dependencia refrendó su compromiso como instancia protectora de los derechos humanos de las personas extranjeras que cruzan las fronteras de México en búsqueda de nuevas y mejores oportunidades; en este sentido, detalló que a través de la realización del Taller Aplicación de Estándares Internacionales y Nacionales para la Prevención de la Tortura y el Maltrato, se instruyó en su primera fase a cerca de mil personas que actualmente laboran en diversas áreas del Instituto.

El coordinador de Programa del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Carlos Garduño Salinas, fue el encargado de impartir la capacitación, basada en la descripción de herramientas de las que deben valerse los servidores públicos del INM en los casos tipificados como de tortura y maltrato, conforme a la aplicación de los Derechos Humanos.

El Instituto detalló que desde junio de 2011, México forma parte de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (UNCAT, por sus siglas en inglés), así como de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

A este respecto, la dependencia evocó los Protocolos Facultativos de dichas Convenciones, que persiguen el objetivo de prevenir la tortura y otros malos tratos mediante un sistema de visitas periódicas a centros de detención, independientemente de su naturaleza, tipo o ubicación.

Este sistema, indicó el INM, se lleva a cabo de común sin previo aviso y pretende identificar factores de riesgo de los que puedan derivar actos de tortura y condiciones que pongan en riesgo la integridad física y mental de los implicados, como hacinamiento, deterioro de la higiene en dormitorios y sanitarios, ventilación e iluminación inadecuadas, excesivo uso de la fuerza en exhortos y correctivos, escasa alimentación y calidad de la misma, así como la prohibición de actividades recreativas o deportivas al aire libre.

Finalmente, el INM ratificó su compromiso para la consecución de dichos fines a través de una plantilla íntegra de funcionarios públicos que promuevan, respeten y garanticen en todo momento la integridad psicofísica de las personas, sin importar su origen, etnia o nacionalidad, y que les brinden el apoyo y la protección necesaria ante cualquier acto de tortura y maltrato.