Condena CNDH linchamientos en Puebla

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó los acontecimientos del pasado miércoles 7 de agosto en el estado de Puebla, donde siete personas fueron privadas de la vida por habitantes de las localidades de Cohuecan y Tepexco, tras ser acusados por el secuestro de un vecino de la comunidad.

A través de un comunicado, el organismo rechazó estos actos y demandó la impartición de justicia para las familias de las víctimas mediante una investigación «seria y profesional» que permita dar con los responsables de las ejecuciones, a fin de que sean castigados de acuerdo con la ley y no se permita la impunidad.

Asimismo exigió el deslinde de responsabilidades en que pudieran haber incurrido las distintas autoridades que, aún presentes en el acontecimiento, no consiguieron evitar que se privara de la vida a las siete víctimas, y reiteró que las conductas delictivas deben ser juzgadas «bajo los procedimiento de nuestro Estado de Derecho, porque la justicia por propia mano no es justicia, sino barbarie».

«Para la CNDH el fenómeno del linchamiento o de la justicia por propia mano y la frecuencia con que se ha presentado en entidades como Puebla, muestra la fragilidad del Estado de Derecho, que establece los procedimientos e instancias para el acto de juzgar las conductas delictivas de las personas», puntualizó la entidad.

De acuerdo con el Informe Especial sobre la Problemática de los Linchamientos en el Territorio Nacional elaborado por la CNDH y el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, los linchamientos en México han experimentado un alarmante incremento desde el año 2015.

En 2016, el aumento relativo al año anterior fue del 37% al pasar de 43 a 59 casos, mientras que 2018 presentó una abrupta escalada del 190% respecto a 2017, pasando de 60 a 174 casos.

De esta forma, explicó la CNDH, se pone de manifiesto la existencia de sociedades «que no sólo muestran su falta de respeto a la ley, sino que recurren a vías injustas para aplicar la justicia», y reafirmó que no existe justificación para recurrir a conductas como las de los implicados en el incidente, «ni aún en aquellos casos en que se puedan gobernar por usos y costumbres».

«Toda conducta tiene como límite los principios de la Constitución General de la República, el respeto a los derechos humanos y, de manera relevante, el respeto a la vida, la dignidad e integridad de las personas», puntualizó la organización.