Así se maquillaron las cifras delictivas con Mancera

Desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum el 5 de diciembre de 2018, la procuradora de Justicia, Ernestina Godoy, ordenó una revisión de las carpetas de investigación correspondientes a todo el año 2018, pues había indicios de prácticas de negligencia en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Al enterarse, la jefa de Gobierno exigió a la PGJ, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y a la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) que invitarán a personal de la ONU como testigo en la contextualización de la problemática y que fungieran como asesores sobre la metodología que se aplicaría. Luego de eso, la PGJ revisaría las carpetas de investigación para confirmar que la clasificación de los delitos fuera la correcta.

Como resultado de la revisión de dichas carpetas se encontró que el total de los registros de delitos del fuero común correspondientes a 2018 incrementaría de 234,674 a 241,030, es decir, 2.7% más.

En este contexto el delito de secuestro fue sin duda el modificado, pues las carpetas de investigación por este delito aumentaron 700%, pasando de 35 carpetas en 2018 a 280 en el mismo año, luego de la revisión.

Lo anterior fue notificado al Centro Nacional de Información (CNI) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para su validación.

¿Pero cómo se efectuó este «maquillaje»?

El Maquillaje

Con base en los datos proporcionados por la ADIP y en las declaraciones de la jefa de Gobierno y de la procuradora de Justicia, hubo tres maneras en las que se llevo a cabo este hecho: 1. Clasificación con naturaleza diferente del hecho; 2. Convencimiento de los agraviados de no denunciar; 3. Negligencia institucional.

Clasificación con naturaleza diferente del hecho

Este fue quizá el aspecto más marcado en este maquillaje. De acuerdo a la ADIP un asesinato de una mujer era considerado un homicidio; sin embargo, cuando la procuradora de Justicia hizo una revisión de las carpetas que contenían el homicidio de una mujer, la procuradora se percató de que realmente se trataba de un feminicidios, con base en las pruebas integradas en las carpetas.

“Hay caso donde, por ejemplo, homicidios, que es increíble que no se catalogara como tal, está como “denuncia de hechos”. Entonces, es bueno que se reconozca que hubo maquillaje, nosotros ya nos dedicamos a hacer lo que tenemos que hacer y ya que en todo caso se haga la investigación correspondiente”, dijo la mandataria.

En el caso del robo a transeúnte, en declaraciones anteriores la jefa de Gobierno ha comentado que el robo a celulares aumentó del 2017 a la fecha. Sin embargo, la administración anterior, englobaba el robo a celular como simple “robo a transeúnte”, pero no especificaba el robo del aparato. Al aumentar este delito, la PGJ de la gestión pasada no tenía ni siquiera registros del mismo. Hoy se distingue del robo a transeúnte al robo de celular y en el Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México ya se puede consultar los delitos por separado.

“Hay algunos delitos que, por ejemplo, que ahora nosotros estamos diferenciando como por ejemplo el robo a celular que antes se tomaba como robo a transeúnte, no distinguían entre qué tipo de delito. Ahí va a haber una diferencia que no va a poder ser contabilizada. ¿Qué otra diferencia tenemos? Nosotros hoy homicidio, no sólo lo contabilizamos como carpetas de investigación sino como víctimas, a veces en una sola carpeta de investigación hay dos víctimas, si fallecieron en el mismo lugar. Antes era solamente carpetas de investigación y hoy tomamos en cuenta víctimas; entonces, hay algunos que no van a tener, digamos, una tendencia en los años anteriores frente al actual”, declaró la mandataria.

Convencimiento de los agraviados de no denunciar

En semanas anteriores, Ernestina Godoy y Claudia Sheinbaum coincidieron en que del 2016 al 2018 hubo “policías imaginarios”, los cuales fungían como asesores a las afueras de la institución. Ellos tenían la tarea de convencer a las víctimas de no denunciar el delito, pues “se recomendaba” realizar otra serie de acciones.

Estos “policías imaginarios” lograban que la gente desistiera de la denuncia y se marchara para no engrosar más los delitos ya registrados. No hay un registro documentado sobre esto, pero hay una declaración de la jefa de Gobierno donde lo arguye:

“Nosotros hemos sido muy cuidadosos en esto y además hemos insistido mucho -había policías de la Policía Preventiva-, que les decían policías imaginarios, que estaban afuera del Ministerio Público, orientando a más personas a que no pusieran su denuncia. Entonces que si ibas a poner una denuncia por robo de vehículo –les decían– por qué no te esperas tres días para ver si aparece tu vehículo, esto a mí me tocó cuando estuve en la jefatura de Tlalpan, que los vecinos, la gente nos denunciaba esto, aquí se ha hecho mucha insistencia porque era una práctica común, porque la evaluación del policía, pues también dependía del número de los delitos en cada uno de sus lugares”, afirmó la jefa de Gobierno.

Negligencia institucional

Aunado a lo anterior, la procuradora de Justicia ha comentado en diversas declaraciones que derivado de las pruebas presentadas por ella misma a inicios de enero, se puede concluir que hubo un caso de negligencia institucional, no para la resolución de carpetas, sino para el simple registro. En este sentido, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, comentó el lunes que también se trata de una violación a los derechos humanos de las víctimas.

Con las cifras presentadas por la ADIP se puede constatar que hubo al menos 241,030 carpetas de investigación no consideradas, lo que significa que la mayoría de las víctimas de esas carpetas, no encontraron solución a su siniestro, lo que abona a la impunidad.

“De por sí hay una cifra negra muy importante en la Ciudad porque no hemos, todavía, generado las condiciones para que en poco tiempo se puedan hacer las denuncias, que es parte de lo que la gente por eso no quiere denunciar; porque tarda mucho tiempo en el Ministerio Público. ¿Culpables? Es a quien resulte responsable y ahí ya serán las propias investigaciones. Se está trabajando ya por parte de la procuradora para que sea de manera electrónica y para que sea mucho más eficiente este proceso”, recalcó la jefa de Gobierno.