CNDH emite recomendación para garantizar derechos a jornaleros agrícolas

La CNDH emitió una recomendación al Estado mexicano, esta vez para visibilizar y atender la situación de marginación y pobreza de más de 2 millones de jornaleros y jornaleras agrícolas. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta va encaminada a destacar lo impensable de cumplir los objetivos de la Agenda 2030 para poner fin a la pobreza.

El día de hoy, la Comisión emitió la Recomendación General 36 e instó a la Secretaría del Trabajo (STPS), Secretaría de Bienestar, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas ante el riesgo y vulnerabilidad de los jornaleros agrícolas por el contexto geográfico, económico, social y laboral que enfrentan.

El primer paso de actuación señalado por la CNDH es la elaboración conjunta de un diagnóstico nacional para identificar a la población jornalera agrícola, los flujos migratorios, las entidades federativas de origen y destino, y las problemáticas recurrentes para impulsar acciones y programas con el objetivo de hacer efectivo el goce de sus derechos humanos.

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Además, también les recomendó considerar las deficiencias observadas en el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), puesto que no está contemplado en el Presupuesto de Egresos 2019. Sobre esto, el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, mencionó que las medidas de austeridad, el combate a la corrupción y buscar terminar con el uso indebido del gasto público debe garantizar el respeto de los derechos humanos.

La preocupación no solamente se basa en lo económico sino respecto al trabajo infantil, buscando que menores de edad no se integren a las filas laborales agrícolas y continúen su preparación académica; esto bajo el entendimiento de que desde el 2017 el artículo 123 clasifica esta actividad como un trabajo de riesgo y prohíbe el trabajo infantil en los ranchos jornaleros.

No obstante, esto se dificulta ante la falta de coordinación interinstitucional entre las autoridades laborales federales y locales, y entre las dependencias a las que compete la salvaguarda y satisfacción de los derechos de ese grupo poblacional, y subrayó la carencia y actualización de información de centros o empresas agrícolas y ausencia de diligencia en las inspecciones ordinarias y extraordinarias.

Ante todo ello, la CNDH recomendó que se inicie el fortalecimiento de la competencia de las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo, e impulsar un modelo de protección laboral que considere las distintas etapas de reclutamiento y contratación de jornaleros agrícolas; asimismo, el ombudsperson comentó que se debe establecer un programa específico de inspección a centros con actividad agrícola, así como de las condiciones en que viven las personas jornaleras agrícolas y sus familias en las comunidades de destino.