Diputados aprueban en lo particular Reforma Educativa; va al Senado

La Cámara de Diputados aprobó en lo particular el dictamen de la reforma educativa. De manera similar a su aprobación en lo general, 7 de 8 grupos parlamentarios votaron a favor del dictamen, por lo que el panel electrónico señaló 389 sufragios a favor, 2 abstenciones y 60 votos en contra.

La discusión sobre las reservas presentadas se presentó mayoritariamente «infértil», puesto que, de 30 reservas, 29 fueron desechadas. Entre ellas estuvo la de Juan Carlos Romero Hicks, quien presentó un par de ellas argumentando que hoy de manera inapropiada se entiende que «no trabajar es un derecho» y que el dictamen debía ser modificado con la finalidad de establecer evaluaciones diagnósticas periódicas a los profesores con el carácter de obligatorio.

También la palabra fue dada a la diputada Abril Alcalá Padilla, perteneciente al grupo parlamentario del PRD, quien presentó reservas para el párrafo undécimo del artículo 3° y al artículo 16 transitorio. Sobre el primero, criticó que este establece como facultad del Ejecutivo federal la determinación de los principios rectores de la educación cuando en realidad debería ser el Estado en su conjunto (la federación, entidades federativas y municipios) quien cumpla, no determine, con los principios rectores y objetivos establecidos en el artículo 3.

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La única en ser aprobada fue la presentada por la diputada Érika Sánchez Martínez, del PRI, para reformar el 15° transitorio. Esta expuso que habrá que cuidar que la mayor cobertura no se traduzca en una baja calidad de educación, por ende, consideró necesario enriquecer el dictamen, especialmente en el rubro de educación superior.

En su exposición de motivos, la diputada del partido tricolor comentó que la matrícula actual de las insitituciones de este nivel educativo se sitúa aproximadamente en los 4 millones de estudiantes, los cuales se enfrentan a la insuficiencia e incertidumbre en el financiamiento. Sánchez Martínez también mencionó que de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, mientras la matrícula pública creció en 109% entre 2000 y 2017, el gasto federal lo hizo solo en 71%.

La legisladora enfocó sus críticas a las fracciones VIII y X, donde se establecen las responsabilidades que tienen las entidades federativas, como de los municipios, para garantizar el derecho a la educación, sin embargo, no aparece la responsabilidad en materia presupuestal por parte del gobierno federal.

Por esta situación, propuso agregar a la redacción la existencia de un fondo federal real que brinde certeza a estados y municipios para que la implementación de la reforma no afecte las finanzas de los demás órdenes de gobierno y se garantice el acceso de los jóvenes a estudios universitarios.

Con la aprobación del dictamen, la Cámara de Diputados culminó el periodo extraordinario de trabajos, turnando la discusión y probable aprobación al Senado de la república