Feminicidios en México: la justicia pendiente en manos de los nuevos gobiernos en 2019

Los feminicidios continúan siendo eventos trágicamente cotidianos en México. El último caso que ha detonado el seguimiento de los medios nacionales es el de la pequeña Camila, quien este pasado 31 de diciembre salió a jugar con fuegos artificiales dentro del marco de las celebraciones de fin de año y jamás retornó a casa. Lo que para la mayoría es un día de fiesta se tornó en una fecha funesta para la familia de la menor, primero con su desaparición y unas horas después, con su aparición sin vida en la casa de un vigilante del fraccionamiento de la colonia Poder Popular del municipio de Valle de Chalco, Estado de México.

En los últimos tiempos se ha puesto mayor atención a los casos en los que mujeres y niñas han sido desaparecidas y/o asesinadas por su condición de vulnerabilidad, la cual parte por la concepción cultural del género y se agudiza con otros elementos, tales como el estatus económico, social, nivel educativo e incluso idioma.

El Estado de México, lamentablemente, se ha llevado la mayoría de los reflectores y atención debido a este tema desde hace varios años. Durante 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) indicó que en los primeros seis meses se contabilizaron 387 feminicidios en el país, siendo casi 10% del total cometido en el territorio del Estado de México. Casi al finalizar el año, la diputada del Congreso del Estado de México Karina Labastida Sotelo difundió cifras oficiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las cuales señalaban el asesinato de 399 mujeres entre los meses de septiembre de 2017 y noviembre de 2018, constatando que en 90 de los casos se trató de un feminicidio.

Estas lamentables cifras no resultan extrañas tras la cantidad de casos que a la semana se reportan en diarios locales y de la zona metropolitana, por no decir de los que traspasan lo local y se vuelven nota nacional, además de las diversas solicitudes de alerta de género para la entidad, provenientes de distintos actores políticos.

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Entre los ejemplos de estos trágicos casos se encuentra el de los “Monstruos de Ecatepec”, una pareja (Juan Carlos “N”. y Patricia “N”), a quienes en el mes de octubre se les imputó por el delito de feminicidio de una mujer de 28 años después de las correspondientes pruebas periciales. La investigación de esta pareja terminó arrojando datos sobre, al menos, el asesinato de otras 20 mujeres, las cuales fueron víctimas de violación, trata, tortura, canibalismo y venta de partes humanas. No obstante, el foco de atención, distorsionado en varias ocasiones por cuestiones partidistas, el Estado de México ha tenido, a la par, el aumento y visibilización de feminicidios más que en otros estados de la república.

El clima de violencia en Veracruz incluye también algunos casos de feminicidios sobre todo en fechas recientes. Así, casi al mismo tiempo en que ocurría el caso de Camila en Valle de Chalco, en pleno cierre de año, Mónica Cházaro Martínez, quien se desempeñaba como psicóloga, fue encontrada sin vida en la zona norte de la ciudad de Veracruz tras ser ahorcada y apuñalada.

Desde el año pasado, la asociación “Modernizando el Sistema Penitenciario A.C.” había señalado que desde 2012 venía registrándose un aumento en el número de feminicidios registrados en la capital mexicana. El resultado de estos registros no solo es el aumento de una cifra negra, sino la finalización de distintas historias y el conocimiento de algunos móviles y errores judiciales ante este tipo de crimen.

Entre esas historias se encuentra la de Lesvy, en 2017, quien fuera asesinada en Ciudad Universitaria (CU) de la UNAM, y en cuyo caso, según declaró la CDHDF en abril pasado, no hubo la debida investigación ante un posible caso de feminicidio y hubo negligencia en la atención a sus familiares. Para 2018, los casos continuaron, ejemplo de ello es el de Gabriela Ramírez, joven de 25 años quien desapareció en la colonia Del Valle y después fue encontrada con signos de tortura en la entonces delegación Álvaro Obregón; otro caso más fue el de la profesora de la Facultad de Arquitectura Gatziella Sol Cifuentes Pezuela y su hija Sol, quienes fallecieron en un incendio aparentemente provocado en el mes de abril del año pasado.

Un caso que quedó relegado por la coyuntura política del deceso de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, fue el rapto y asesinato de María Fernanda Toledo, hija del director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quien fue privada de su libertad en Cuernavaca el 13 de diciembre y encontrada sin vida en Yautepec, Morelos, el día 24 de este mes, detonando que el Frente Feminista de Morelos hiciera una exigencia pública a las autoridades estatales para actuar contra la violencia de género y la revisión del armamento policiaco y licencias para portarlo por parte del ejército nacional.

El tema como tal ha quedado fuera de distintas discusiones sobre seguridad pública y nacional, sin embargo, éste debería ser considerado como una de las prioridades en el nuevo gobierno en su intento por reconstruir el tejido social, como lo ha declarado y prometido. En algunas de las entidades antes mencionadas se ha dado una alternancia política de la que se espera que, de la misma manera en que se termine con la corrupción, acabe con todas las formas de violencia, no sólo mediante el uso de la fuerza y medidas punitivas, sino a través del combate a los factores sociales, culturales, económicos e institucionales que dan pie a la violencia de género y su reproducción.