Bolsonaro promete a brasileños facilitar la posesión de armas

Jair Bolsonaro, presidente electo de Brasil, vuelve a la polémica por una nueva promesa para combatir la inseguridad en el país sudamericano. Esta mañana, en Twitter, declaró que implementará una política de posesión de armas que amplía las posibilidades de los brasileños para hacerse de una de ellas.

Bolsonaro indicó que por medio de un decreto buscará que los ciudadanos sin antecedentes penales sean capaces de adquirir un arma, así como hacer su registro definitivo para su posesión. Esta medida estaría siendo implementada para que los ciudadanos puedan protegerse de la delincuencia.

El actual proceso de posesión, no portación, considera distintos requisitos además de la carta de antecedentes penales, entre ellos, no tener una investigación o proceso penal, tener una ocupación lícita y una residencia, comprobar capacidad técnica y psicológica, además de poseer, al menos, 25 años de edad y la presentación de una justificación por la cual quiere tener el arma. Aunado a esto, la vigencia de la licencia de posesión de un arma es únicamente de 5 años, por lo que al culminar, se debe realizar nuevamente todo el proceso para poder tener otro plazo vigente.

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De acuerdo con el diario brasileño O’Globo, existe la posibilidad de que esta acción no fuera realizada de manera inmediata al inicio del periodo presidencial de Bolsonaro, sino que estaría firmando este decreto después de escuchar a los ministerios de Justicia y Defensa, encargadas del control, fiscalización del comercio y uso de armas de fuego. Esto porque dichas ramificaciones del poder ejecutivo brasileño estarían estudiando el hecho de hacer el registro de manera definitiva, existiendo la posibilidad de que únicamente sea promocionada una ampliación de la vigencia de la licencia y que la renovación sea únicamente después de que el titular del arma se vea involucrado en algún delito.

En campaña, Jair Bolsonaro señaló que para él, “un buen criminal es un criminal muerto”; durante dicho periodo, prometió reforzar las capacidades legales de las fuerzas armadas en materia de seguridad nacional y a las instituciones policiacas para que, durante los horarios de su servicio, sus elementos puedan matar a criminales e invasores de propiedades privadas.