CNDH pide a la Corte invalidar Ley de Seguridad Interior

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar como inconstitucional la Ley de Seguridad interior.

El organismo considera que el Congreso de la Unión “no tiene las facultades constitucionales para expedirla”, ya que la Seguridad Interior no es una vertiente de la Seguridad Nacional.

A través de un comunicado, la CNDH dijo que la vigencia de dicha ley permite perpetuar acciones inconstitucionales, lo cual resulta contradictorio al pleno respeto de los derechos humanos fundamentales y la dignidad de las personas.

Por lo que la institución pidió a las ministros reconsideren el contenido del artículo 20 de la ley, que establece una subordinación plena de las autoridades civiles al mando de las Fuerzas Armadas.

La CNDH pide que los siguientes temas sean analizados a profundidad: Incompetencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior; falta de consulta previa a pueblos y comunidades indígenas; subordinación de las autoridades civiles al mando de las Fuerzas Armadas, y la facultad de las autoridades militares para solicitar cualquier información.

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La Ley permite la actuación de las Fuerzas Armadas por su propia cuenta para la atención de “riesgos” a la seguridad interior, y la distinción injustificada de manifestaciones que puedan ser consideradas como amenazas.

También, la Ley de Seguridad Interior indica la posibilidad de que las Fuerzas Armadas actúen sin que medie petición de las autoridades civiles; además de que la definición del concepto de “uso legítimo de la fuerza” es ambigua.

La participación de las Fuerzas Armadas para atender “amenazas” sin declaratoria previa es un esquema de detención distinto al constitucional; así como la clasificación de toda la información que se genere como reservada, y la restricción injustificada a la libertad de reunión.

Por lo que la CNDH propone retirar dicha ley y que las Fuerzas Armadas brinden auxilio a las autoridades civiles cuando lo soliciten. Por último recordó que previo a la publicación de la ley, el organismo Nacional enfatizó que la partición del ejército en tareas de Seguridad Pública no es la respuesta más adecuada para enfrentar el índice delictivo que aqueja a nuestro país.