“No hay razón para no dar curso a procesos penales por el 68 y quedan más casos por resolver”: Hernández Gamundi

Félix Hernández Gamundi, exlíder del Movimiento Estudiantil de 1968, declaró que el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, que actualmente coordina, está demandando que se revierta la sentencia y se procese a los verdaderos responsables, vivos o muertos. Sin embargo, comentó que aún con la llegada de Morena al poder desde hace ocho años, los procesos penales en torno a la Masacre de Tlatelolco no han avanzado.

En entrevista, Félix Hernández Gamundi señaló que corresponde a la autoridad investigar quiénes pueden ser testigos sobre la Masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Sin embargo, destacó que los integrantes del Batallón Olimpia que dispararon contra los estudiantes eran tan jóvenes como los manifestantes y formaban parte del Ejército. En tanto, afirmó que hay una lista de ellos en la bitácora de debates de la Cámara de Diputados, cuya información podría ser analizada por la nueva Fiscalía especializada en Delitos Sociales y Políticos del Pasado.

Sobre el motivo por el cual no han sido investigados desde entonces a la fecha, indicó que siempre ha habido un afán de protegerlos porque están vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Ejército. Destacó que, según sus datos, de 64 expedientes, aproximadamente 40 corresponden a militares y muchos de ellos son exmiembros del antiguo batallón.

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Cuestionado sobre su opinión respecto a que es hasta el octavo año de la izquierda en el poder que se ha creado la nueva fiscalía para casos como el del 2 de octubre de 1968, el activista contestó que es por eso mismo que el reclamo no puede parar y es momento de mantenerse vigilantes:

“Con 8 años de este nuevo gobierno los procesos de justicia no han avanzado y no han avanzado los últimos 2 años a pesar del decreto de la presidenta [Claudia Sheinbaum Pardo] del 2 de octubre de 24. Tienen que avanzar”, exclamó.

El sobreviviente del episodio represivo matizó recordando que —al menos en el papel— el gobierno y las instituciones de justicia son independientes, unas de otras. Consideró que por parte del gobierno federal se ve una mayor empatía a partir del decreto del 2 de octubre de 2024.

Sin embargo, Félix Hernández Gamundi planteó que a quienes les correspondería contestar qué está frenando la marcha de estos procesos penales son los jueces, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Fiscalía General de la República (FGR). Aseguró que actualmente no hay una causa razonable para no darle curso a estos juicios en contra de los culpables.

“Yo no sé qué tan independiente sean. En realidad eso nunca ha importado. El tema es que […] se tiene que reformar la fiscalía, las agencias de Ministerio Público. Se tiene que reformar el Poder Judicial, quiero decir, los juzgados, los tribunales, la Corte”, externó.

El integrante del Comité 68 sostuvo que no basta con que haya procesos electorales para nombrar a los funcionarios judiciales. Afirmó que lo que se necesita es un cambio en el modelo de justicia donde lo que importe sean los principios de justicia y la ética en la impartición.

Adicionalmente, resaltó que el amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para familiares del profesor y guerrillero Lucio Cabañas, que reconoce que no prescriben los crímenes de Estado, abre la posibilidad de buscar justicia para otros casos. Por ejemplo, señaló que ha quedado “medio guardado” la muerte de cientos de personas después del fraude electoral en favor de Carlos Salinas de Gortari y en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en 1988, las cuales adjudicó al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Fueron asesinados días antes de la elección los encargados del centro de cómputo del Frente Democrático Nacional que llevaba la candidatura de Cárdenas a la presidencia para garantizar el fraude. Los asesinados eran dos profesionistas —uno de apellido Ovando y otro Gil— y dejaron con eso al frente sin posibilidades de cómputo de los votos de las casillas y de las secciones electorales”, acusó.

Cabe recordar que el 2 de julio de 1988, fueron asesinados en el entonces Distrito Federal Xavier Ovando, encargado de organizar la recepción de la información electoral de las votaciones del 6 de julio por parte del Frente Democrático Nacional (FDN), y su ayudante Román Gil.

En ese mismo sentido, Hernández Gamundi enfatizó que se debe investigar la muerte de alrededor de “800 personas” ligadas al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en un corto periodo tras su fundación en 1989. No obstante, precisó que faltan por resolverse otros casos, como Aguas Blancas en 1995, «El Charco» en 1997, Ayotzinapa en 2014 y Tanhuato en 2016.