“En México no puede existir protección política a la desaparición forzada”, dice Morena ante detención de Aguirre

El partido Morena se posicionó respaldando la detención de Ángel Aguirre, exgobernador perredista de Guerrero, por su presunta participación en la destrucción de información relativa al paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, desaparecidos durante la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena declaró reconocer la detención de Ángel Aguirre por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa. Consideró que su arresto representa un paso clave en la lucha por la verdad y justicia para las familias de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos a manos del Estado de entonces

“En México no puede existir nunca más protección política para quienes participaron en hechos u omisiones de desaparición forzada que lastimaron profundamente a decenas de familias y a toda una nación”, expresó la dirigencia partidista.

El partido oficialista recordó la vinculación del político guerrerense con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), por lo que llamó al “PRIANRD” a no volver a permitir que ningún actor político apueste por el encubrimiento o la descalificación de las investigaciones. Asimismo, rememoró que el gobierno de Enrique Peña Nieto difundió una supuesta “verdad histórica” del Caso Ayotzinapa para ocultar los hechos en lugar de esclarecerlos.

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En contraste, Morena dijo que actualmente hay un análisis permanente de las investigaciones sobre lo ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Asimismo, sostuvo que el Estado mexicano —ahora encabezado por gobiernos emanados de sus propias filas— está comprometido con la verdad y continúa avanzando para que ningún responsable quede impune.

“Somos claros, en la Cuarta Transformación hay un compromiso central: terminar con la corrupción y la impunidad que durante décadas permitió que una élite de poderosos estuviera por encima de la ley y abusaran de las mayorías violentamente”, añadió.

Finalmente, planteó que corresponderá a las autoridades ministeriales conducir el proceso con autonomía, profesionalismo y estricto apego al debido proceso, así como garantizar los derechos de las víctimas y el Estado de derecho.