Solicitud de extradición de Rocha, Inzunza y más no se acompaña de evidencia contundente: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) declaró que la solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otras ocho personas no se acompaña de evidencia contundente. Esto al subrayar, como lo hizo previamente la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que la legislación mexicana exige tales datos antes de aceptar el envío de imputados a otras naciones.

A través de un video, Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, señaló que la FGR fue notificada por la SRE de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición hechas por el gobierno de Estados Unidos. Mencionó que ante ello, debe analizar, mediante la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, la documentación recibida con la finalidad de establecer si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y la viabilidad de la solicitud.

En ese sentido, señaló que la legislación mexicana dice que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que permitan inferir la posibilidad de que alguna persona haya cometido un delito. En tanto, indicó que el tratado bilateral en la materia refiere que solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes conforme a las leyes de la parte requerida.

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“De manera particular, es necesario precisar que dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados. Además, […] la propia solicitud de los Estados Unidos de América requiere que el gobierno de México tome las medidas necesarias para asegurar que la información contenida en cualquier solicitud de detención provisional o de extradición que haya sido entregada –o vaya a ser entregada– no sea divulgada ni se haga del dominio público, como ocurrió en este caso en particular”, dijo el funcionario.

Lara López apuntó que la misiva estadounidense argumenta que dar a conocer dicha información –con otros fines distintos– podría ser en detrimento de la naturaleza confidencial de los procedimientos penales en los Estados Unidos. Asimismo, dijo, se advierte que actuar de esa manera sería contrario a las normas procesales de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Finalmente, advirtió que la legislación mexicana establece la necesidad de realizar un juicio de procedencia para obtener el retiro de la inmunidad procesal a las personas servidoras públicas que ostentan gubernaturas o senadurías. En tanto, reiteró que para la FGR es fundamental cumplir todo lo que mandata la ley con pleno respeto a la soberanía nacional, ya que de lo contrario se violentaría el Estado de Derecho, así como los derechos y las garantías de las personas requeridas.