Desapariciones forzadas en México alcanzan niveles de crímenes de lesa humanidad: ONU

Por considerar que las desapariciones en México han alcanzado niveles de crímenes de lesa humanidad, el Comité sobre Desaparición Forzada (CED) de Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió al secretario general de la organización, Antonio Gutérres, someter urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para “apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen”.

A través de un comunicado fechado este 2 de abril en Ginebra, Suiza, el CED expresa que concluyó que “hay indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país”.

El procedimiento, aseguró el comité, de carácter “preventivo” y tiene por objeto “movilizar la atención y el apoyo internacionales, más no de establecer la responsabilidad penal individual”, porque admitió que de acuerdo con el artículo 34 de la Convención, no tienen atribuciones mi actuación como una comisión de investigación y por tanto no está obligado a llegar a una conclusión fáctica.

Reconoce también que su análisis y conclusiones están basadas en la información presentada por la sociedad civil, la respuesta del Estado Parte en septiembre de 2025 a su solicitud de información sobre la situación, y la información recopilada por el Comité desde 2012, entre otras cosas a través de exámenes periódicos, su visita al país en 2021 y las solicitudes de acción urgente presentadas por las víctimas. Asimismo, dijo que el Comité también ha tomado nota de la información presentada por el Estado Parte y la sociedad civil tras la adopción de su decisión.

El Comité contra Desapariciones Forzadas, indica que si bien toma nota de que la ‘guerra contra las drogas’ a nivel nacional en México ha contribuido a las condiciones en las que se han producido tales ataques a nivel local, «el Comité subrayó que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas —ya sea mediante acción deliberada u omisión deliberada»— en el sentido del Estatuto de Roma. “El Comité también subrayó que ni la Convención ni el Estatuto de Roma exigen que tales ataques se produzcan en todo el territorio de un país, o que se originen en los más altos niveles del Gobierno, para que se consideren crímenes de lesa humanidad”, expresa.

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También reconoce que tomó nota de la postura de México de que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado y, por lo tanto, no deben clasificarse como desapariciones forzadas con arreglo al artículo 2 de la Convención. Sin embargo, el Comité destacó que, en algunos de los casos denunciados, ha recibido información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia. Además, subrayó que, a la luz del artículo 5 de la Convención y del artículo 7 del Estatuto de Roma, del que México también es Estado Parte, las desapariciones forzadas como crimen de lesa humanidad también pueden ser cometidas por una “organización”, incluidos ciertos actores no estatales organizados, cuando “formen parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil”.

“El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”, afirmó Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité.

En cuanto a la magnitud de la crisis en todo México, el Comité señaló que, si bien el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Desaparecidas contiene casos de “personas desaparecidas”, aún no ofrece una imagen clara de cuántos de los casos registrados podrían corresponder a desapariciones forzadas.

No obstante, la magnitud de los casos registrados, expresó, “pone de relieve la gravedad de la situación”. El Comité también citó el continuo hallazgo de fosas clandestinas en el país, estimando que se han encontrado más de 4 mil 500 fosas, que contienen más de 6 mil 200 cadáveres y 4 mil 600 restos humanos, además de unos 72 mil restos humanos no identificados.

En general, el Comité advirtió que, a pesar de las medidas adoptadas desde su visita al país en 2021, la situación no ha mostrado una mejora sustancial, según los datos oficiales y públicos disponibles. “Las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis, y siguen siendo urgentemente necesarias reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas”.

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