Senado aprueba leyes secundarias de la Reforma Judicial

El Senado de la República aprobó las leyes secundarias de la Reforma Judicial con apoyo de las bancadas de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En tanto, los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) volvieron a votar en contra del proyecto para modificar el Poder Judicial de la Federación.

Durante la discusión, Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC, expresó primeramente que el proceso electoral para la elección de jueces no debió iniciarse hasta que las reglas del proceso estuvieran completamente aprobadas y definidas. Sin embargo, subrayó que ya está la convocatoria para que este fin de semana se haga la insaculación de las candidaturas a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 105, dispone que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral.

“Aprobar estas reformas en este momento, sabiendo que estamos a punto de iniciar formalmente el proceso electoral, constituye una violación flagrante a nuestro marco constitucional. Por eso, proceder con esta reforma bajo tales circunstancias, sienta un precedente extremadamente peligroso de violación a nuestra democracia, a nuestros procesos electorales, a nuestros principios de legalidad que deben de regir en todo momento la actuación de este Congreso”, dijo a partir de su interpretación.

Por su parte, la senadora Ana Karen Hernández Aceves, del PT, señaló que estas reformas devolverían al pueblo soberano la facultad de elegir al Poder Judicial y marcarán una nueva etapa del país, así como un nuevo entendimiento entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Aseguró que este poder se fortalecerá al abrir sus puertas a la democracia; en tanto, recordó a los opositores que aprobar las nuevas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es un mandato que quedó establecido en el octavo artículo transitorio de la Reforma Judicial.

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Por su parte, el senador Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, explicó que con las modificaciones hechas habrá comités de evaluación de cada uno de los poderes, integrados por expertos jurídicos y ciudadanos destacados, que supervisarán la elegibilidad e idoneidad de los perfiles que contiendan por un cargo de elección del Poder Judicial. Asimismo, indicó que los dictámenes garantizan el derecho de recurrir a las resoluciones o sentencias y determina que, en los casos de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial, procederá el juicio de inconformidad para impugnar las determinaciones ante la autoridad jurisdiccional.

Desde el PRI, la senadora Karla Guadalupe Toledo Zamora expuso que la elección directa de jueces, ministros y magistrados contarán con un modelo que carece de fundamentos sólidos y de un análisis profundo sobre sus implicaciones. Apuntó que si bien la participación ciudadana es un valor fundamental en las democracias, pretender que la elección de juzgadores se someta a un proceso de votación popular pone en riesgo la especialización y la capacidad técnica que requiere el ejercicio de la función jurisdiccional.

“Hay que dejar claro que la justicia no puede ni debe ser objeto de debates políticos ni de campañas electorales, los criterios que deben predominar en la designación de jueces son su capacidad, la experiencia y el conocimiento del derecho, no la popularidad o la capacidad de movilización electoral.
Desde el PRI sostenemos que estas reformas secundarias, que buscan implementar la elección de jueces mediante el voto popular, no sólo son inconstitucionales, sino que además desconocen la necesidad de preservar la imparcialidad del Poder Judicial”, expresó.

De manera similar, la senadora panista Karen Michel González Márquez expuso que una y otra vez el PAN se ha opuesto a esta Reforma Judicial porque la participación del pueblo es “una farsa” y el único propósito es colocar en los cargos de jueces y magistrados a personas afines a la 4T. En tanto, acusó que se estaba queriendo agregar en el artículo 500, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que los poderes de la Unión determinarán la conformidad, total o parcial, sobre los listados de los candidatos y en caso de que se rechace la totalidad de los listados, los comités deberán presentar nuevos.

Finalmente, por parte de Morena, la senadora Olga Patricia Sosa afirmó que estas reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos establecen las bases que garantizan la elección por voto libre, directo y secreto de la ciudadanía en el nuevo modelo para la integración del Poder Judicial de la Federación. Aseguró que la Reforma Judicial, en su conjunto, propiciará una mejor administración de la justicia en nuestro país, estableciendo un verdadero Estado de derecho en el que los jueces no estén al servicio de una minoría influyente.

Tras la discusión en lo general, el dictamen fue votado recibiendo 81 votos a favor, 40 en contra y 0 abstenciones. Enseguida inició la discusión en lo particular, misma en donde solamente fueron aprobadas tres reservas presentadas Enrique Inzunza Cázarez y Lilia Margarita Valdez Martínez; Javier Corral Jurado; y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, todos de Morena.

La primera de ellas corregía varios errores gramaticales de la propuesta aprobada en comisiones. Enseguida, la del ex gobernador de Chihuahua introdujo que los Comités depurarán los listados de las mejores 10 candidaturas, mediante insaculación pública o sorteo, para ajustarlos al número de cargos disponibles. Asimismo, se eliminaron párrafos relativos a que «Los Poderes de la Unión determinarán en primer término su conformidad total o parcial sobre los listados referidos» y que «en caso de que se rechace la totalidad de la lista, los Comités deberán presentar un nuevo listado».

Minutos más tarde se aprobó la reserva del senador veracruzano para incluir un noveno artículo transitorio que ordena derogar todas aquellas disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el decreto. Al final, el dictamen recibió 75 votos a favor y 37 en contra para su aprobación en lo particular.