Ponen lupa a papel del Trife en el proceso electoral

Encabezados por el experimentado político Porfirio Muñoz Ledo, 30 académicos y representantes de organizaciones anticorrupción, se presentaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEP) para solicitar medidas que protejan los resultados de la elección del 1 de julio, con el fin de «blindar» el ejercicio democrático.

«Hay una conciencia pública, extendida en encuestas, que dicen que el 70% opina que las elecciones recientes en México no han sido limpias y auténticas. La última vez que la opinión internacional reconoció elecciones limpias en México son las del 2000, las de Vicente Fox, y la anterior, la de 1997, cuando ganamos la mayoría de la Cámara de Diputados. Hay dudas sobre los comicios de 2006 y sobre todo los de 2012», afirmó Muñoz Ledo ante periodistas.

El encargado de coordinar los trabajos para la Constitución de La Ciudad de México y férreo opositor desde los años del Frente Democrático, argumentó que ya se han presentado irregularidades en el proceso electoral que son preocupantes, «y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sigue al pie de la letra la fórmula que aplicó en el Estado de Mexico».

«Es parte de la operación del PRI estar atacando a (Ricardo) Anaya, como atacaron a Josefina Vázquez Mota. Están ‘Chepinizando’ a Anaya. El (Juan) Zepeda de ellos es un independiente, no digo cuál. Tratan de poner un empate absurdo, porque no lo hay a nivel nacional. Quieren poner a (Andrés Manuel) López Obrador y (José Antonio) Meade. Están siguiendo paso por paso lo que hicieron en el Estado de México, la diferencia es que es nacional y que no nos vamos a dejar, eso es claro», apuntó.

A las instancias del Tribunal se presentaron, además de Muñoz Ledo, Javier Quijano, Jorge Eduardo Navarrete (embajador), José Agustín Pinchetti (diputado) y Miguel Ángel Velázquez (periodista). Estos fueron recibidos por Janine Otálora, magistrada presidenta del Tribunal, quien recibió el documento que llama a “garantizar el voto de forma libre, razonada y auténtica», apuntó Muñoz Ledo.

El documento señala las irregularidades electorales en las últimas tres elecciones presidenciales y que el Tribunal ha avalado.

«Los fraudes de 2006, 2012 y los abusos incalificables en los recientes comicios del Estado de México y Coahuila, son señales ominosas de lo que podría ocurrir en 2018», advirtió.

Muñoz Ledo mencionó que gobiernos locales han inyectado fondos a campañas electorales, con conocimiento de las instituciones, algo que es penado por la ley.

«(Las irregularidades) son cometidas por una multiplicidad de actores que van más allá de los partidos políticos o los funcionarios públicos, involucran a otros entes sociales y económicos», dijo Muñoz Ledo, quien añadió que cualquier agrupación política que violente las leyes electorales debe ser castigada: «Considerar la cancelación del registro de cualquier partido que se ubique en los supuestos previstos en el artículo 456.1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Penales».

El grupo de firmantes adelantó que si el Tribunal no atiende sus peticiones, irán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

«Vivimos un momento particularmente dramático en la vida del país. Cumplir la ley se convierte en una empresa de grandes proporciones y ese es el llamado que hacemos», puntualizó.

Muñoz Ledo comentó que se acordó con la magistrada conformar un observatorio electoral integrado por académicos, políticos y organizaciones anticorrupción, para que se vigilen los resultados auténticos y el juego limpio durante la elección, «así como cualquier desviación u omisión del Tribunal», aseguró.

Investigadores como Sergio Aguayo y Lorenzo Meyer, y exconsejeros electorales como Eduardo Huchim,  y políticos de izquierda como Ifigenia Martínez (fundadora del PRD) exigieron al Tribunal publicar los informes detallados de gastos de partidos y candidatos que emite la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE). Se exigió además «sancionar campañas negras» y permitir la libertad de expresión durante la competencia electoral.

Entre otras propuestas está la instalación de una plataforma digital, accesible a la ciudadanía, donde se puedan monitorear los gastos de campaña y los apoyos que reciba cada candidato.

Se solicitó que dichas medidas sean coordinadas junto con el Sistema Nacional Anticorrupción y de Transparencia, para vigilar la fiscalización de recursos públicos de los gobiernos y el posible uso electoral de los programas sociales.

En el documento, informó Muñoz Ledo, se señala que se tiene que «transparentar» los votos que vengan del extranjero, para verificar su autenticidad.

Los firmantes del documento señalaron un posible conflicto de interés entre el candidato del PRI, José Antonio Meade, y el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, Lizandro Núñez Picazo, cercano y ex colaborador del candidato de la coalición Todos por México (PRI, Partido Verde Ecologista, Nueva Alianza).