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Expediente de muerte de esposo de Casar se clasificó “confidencial” y con reserva “definitiva”
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¿Por qué a meses de la muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla García, esposo de María Amparo Casar Pérez, el expediente sobre su deceso fue clasificado “confidencial” y con una reserva “definitiva”?
Desde la primera página del expediente dado a conocer por la Presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de presunta corrupción y tráfico de influencias al que habría recurrido Casar Pérez, directora de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), organización creada por Claudio X. González —principal opositor del gobierno de la Cuarta Transformación e ideólogo de la alianza entre el PRI, PAN y PRD—, para obtener una pensión vitalicia post-mortem tras el suicidio de su esposo, se lee una pequeña hoja blanca de lado derecho que apunta que la información del presente documento es “confidencial”, además de que tiene una reserva definitiva, es decir, que no existía fecha para su desclasificación.
En el documento donde se ordena la clasificación, firmado por el entonces titular de la Unidad Administrativa, Marco A. Murillo Soberanis, se indica como fecha de clasificación el “29-01-2004”, lo que se presume indica un error de año o mes porque el fallecido extrabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex) se habría lanzado del piso 12 del edificio central de la petrolera en la Ciudad de México el 7 de octubre de 2004.
En el largo expediente de 372 hojas puestas a disposición del pueblo mexicano a decisión del Ejecutivo Federal, se da cuenta que apenas ocho días después del suicidio, como lo indica el peritaje, de Márquez Padilla, su viuda Casar Pérez, de la que se encontraba separado, solicitó a Murillo Soberanis su intervención para que le depositaran la pensión post-mortem al ser beneficiaria del que aún era su esposo. Dando respuesta éste el día siguiente, el 16 de octubre, con la indicación de realizar el pago de 123 mil 475.62 pesos a ella, y de 15 mil 434.45 pesos a cada uno de sus hijos, Carlos y Fernanda Márquez Padilla Casar, pues estos eran beneficiarios de solamente el 10 por ciento cada uno del total.
Desde esa fecha, Casar Pérez comenzó a recibir su mensualidad con fecha retroactiva al 8 de octubre de 2004, siendo ese primer pago (8 al 31 de octubre de 2004) por 95 mil 794.74 pesos. 94 mil 665.01 por concepto de pensión post-mortem, 696.56 pesos de pago de su gas, y 433.17 pesos de apoyo para canasta básica.
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En total, en 2004 recibió un monto de 345 mil 694.04 pesos; de 2005 a 2009 poco más de 1 millón 503 mil pesos por cada año, en tanto que en 2010 subió a 1 millón 504 mil pesos; en 2011 y 2012 el cobro anual fue de más de 1 millón 506 pesos. En 2013, 1 millón 508mil; en 2014, 1 millón 510 mil pesos, y así cada año fue en aumento con la inflación hasta llegar a 2023 con 1 millón 543 mil 824 pesos anuales, es decir, un total de 31 millones 339 mil 955.39 pesos en los 24 años que cobró la pensión de su esposo fallecido, esto considerando los 257 mil 304 pesos que recibió en dos meses de 2024, pues el gobierno federal le suspendió el pago a partir del 1 de marzo.
María Amparo Casar Pérez, que en ese momento era la coordinadora de asesores del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, en el gobierno del panista Vicente Fox Quesada, recibió en su cuenta de Bancomer apenas pasado un mes, 19 de noviembre de 2004, de la muerte de Márquez Padilla García la cantidad de 17 millones 634 mil 919.90 pesos de la aseguradora Banorte Generali S.A. de C.V. por concepto de gastos funerarios por 643 mil 102.50 pesos; seguro de vida interno por 3 millones 128 mil 050.56 pesos; Seguro de vida especial por 13 millones 582 mil 318.64; prima de antigüedad por 51 mil 448.20 pesos —llevaba 129 días laborando en Pemex—, y seguro de vida para mandos medios y superiores por 230 mil pesos. Pese a que la exfuncionaria panista asegura que Pemex no fue quien le pagó el seguro de vida, la prima sí la paga la empresa del Gobierno.
Además, la petrolera le pagó lo que denominan “alcances e insolutos post-mortem” por un total de 21 mil 451.11 pesos, de ellos 7 mil 150.37 pesos fueron por la parte proporcional de prima vacacional y 14 mil 300.74 pesos por aguinaldo.
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Los documentos también precisan que la viuda pagó un total de 372 mil 999.60 pesos a Pemex porque la empresa le había realizado un préstamo administrativo para adquirir un automóvil “Mini Cooper” al fallecido por un total de 396 mil 223.21 pesos, además de 23 mil 223.61 pesos por “salarios pagados en exceso”. Dicho pago Casar lo realizó el 10 de enero de 2005 a través de un cheque de caja de Bancomer. Para esta fecha la exasesora de Creel Miranda ya tenía tres meses y medio cobrando la pensión vitalicia.
El monto de más de 31 millones entregados por concepto de pensión vitalicia a la líder de la organización creada por Claudio X. González los busca recuperar el gobierno federal debido a que asegura que con su pago se configuró un acto de corrupción, pues de acuerdo con el peritaje que realizó la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se concluyó que Carlos Fernando Márquez Padilla García se lanzó por su voluntad desde el piso 12 de edificio de Pemex, privándose de la vida. Fue un “suicidio”. Esta resolución dejaría imposibilitados a los beneficiarios de cobrar cualquier beneficio post-mortem porque de acuerdo con la fracción III y IV del artículo 488 de la Ley Federal del Trabajo, “el patrón queda exceptuado de las obligaciones (…) si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí solo o de acuerdo con otra persona; y si la incapacidad es resultado de alguna riña o intento de suicidio”.
Además, el actual director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, también aseguró que el seguro pagado por Banorte Generali S.A. de C.V. tampoco era procedente, por lo que la compañía también podría iniciar acciones legales por ello.
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