Argentina declara emergencia por servicios energéticos

El recién asumido presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, declaró emergencia nacional de servicios energéticos en el país, específicamente en el transporte y distribución de energía eléctrica y de gas natural.

Este lunes 18 de diciembre el presidente emitió un decreto en el que hace la declaratoria de emergencia la cual tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2024, y para lo que ordena a la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Economía que elabore un programa de acciones necesarias e indispensables sobre los rubros en emergencia.

Además, instruye a Energía que establezca mecanismos para la «sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión”. Ello, asegura, es para “garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías”.

Te puede interesar: El ultraderechista Javier Milei asume la presidencia de Argentina

El decreto también prevé la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a partir del 1 de enero de 2024. Ello porque afirma que la prestación de servicios de transporte y distribución de gas y electricidad “muestra una creciente obsolescencia” de los activos de las empresas e insuficiencia adecuación de las necesidades de los usuarios por «la falta de renovación de las redes y su ampliación».

«Lo expuesto precedentemente evidencia inversiones insuficientes (…) por lo que de no adoptarse medidas urgentes se profundizará la deficiente calidad de servicio descripta en perjuicio de los usuarios», apunta.

El decreto también determina el inicio de la revisión tarifaria conforme al artículo 43 de la Ley N° 24.065 y al artículo 42 de la Ley N° 24.076, correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural.

En este sentido, establece que la entrada en vigencia de las nuevas tarifas resultantes no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024. Hasta tanto concluya el proceso de revisión tarifaria, podrán aprobarse «adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos», propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados.