Nación
‘El Jefe Diego’: las dos caras del uso faccioso del Estado
Ricardo Anaya, candidato presidencial del Partido Acción Nacional, se enfrenta a un escándalo de corrupción y lavado de dinero que él mismo ha llamado una “guerra sucia” en su contra por parte del PRI-Gobierno. Mientras que sus partidarios sostienen que este proceso es similar al que vivió su rival, Andrés Manuel López Obrador, de cara a la elección de 2006. De entre la multitud destaca la siempre imponente, o impositiva, figura de Diego Fernández de Cevallos, ‘El Jefe’.
“Saque las manos” de las elecciones, demanda Anaya a Peña Nieto
Contexto de una guerra
La rivalidad entre Fernández de Cevallos y el líder del Movimiento Regeneración Nacional nace de las polémicas elecciones de 1988 cuando la “caída del sistema” benefició a Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI, por encima de Manuel Clouthier, del derechista PAN, y Cuauhtémoc Cárdenas, ex -priista cabeza del izquierdista Frente Democrático Nacional.
Lo inaudito se presentó horas después del conteo, cuando la izquierda —Cuauhtémoc, Porfirio Muñoz Ledo y Rosario Ibarra, del Partido Revolucionario de los Trabajadores— marchó entrelazada de los brazos con la derecha —Clouthier, Fernández de Cevallos y Luis H. Álvarez— para exigir un nuevo conteo y, posteriormente, que el presidente Miguel de la Madrid anulara las elecciones.
Ambos lados terminarían por negociar con Salinas de Gortari y los miembros de su eventual gabinete, aunque Cárdenas y Muñoz Ledo lo aceptaran hasta bien entrado el Siglo XXI. Mientras que los panistas lo hicieron de manera pública, para, como presume ‘El Jefe’ Diego hasta hoy, influir de manera democrática las reformas de la “salinastroika”, como se pudo apreciar, por ejemplo, con el acercamiento de los Estados mexicano y vaticano en dicho sexenio. La izquierda no tomó las calles, sino que se organizó en el Partido de la Revolución Democrática, que incluía a López Obrador.
Años después, los senadores panistas, encabezados por Fernández de Cevallos, aprobaron la quema de las boletas electorales de 1988, esos “papeles místicos” como los llamó. Con el argumento de que dañaban más a la democracia mexicana de lo que la beneficiaban, ‘El Jefe’ dio luz verde a la destrucción de las últimas pruebas del supuesto fraude electoral de 88. Simultáneamente, nacería el “PRIAN”, bautizado por López Obrador.
Si, como sostiene Andrés Manuel, Carlos Salinas de Gortari es el líder priista de la “mafia del poder”, Diego Fernández de Cevallos sería el equivalente a un vice-presidente o un comisario encargado del sector panista.
Desafuero, videoescándalos y elecciones
Pasados tres sexenios desde los nacimientos del ”PRIAN” y el PRD, la primera presidencia no-priista en 70 años, la de Vicente Fox, entraba en su etapa final y la elección comenzaba a ser un tema de discusión pública. Desde la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador se erguía como el candidato del Sol Azteca, aún por encima de las aspiraciones de Cárdenas, quien creía que la cuarta era la buena. Mientras que el PAN, rápidamente acostumbrado a Los Pinos, parecía inclinarse por el secretario de Gobernación, Santiago Creel, a quien Andrés Manuel ya había vencido en las elecciones capitalinas del 2000.
En 2004, la ola de videoescándalos golpeó con fuerza al PRD capitalino. Primero, cuando noticieros nacionales presentaron imágenes del secretario de Finanzas de López Obrador, Gustavo Ponce Meléndez, apostando en un casino de Las Vegas. El Jefe de Gobierno anunció la destitución inmediata del funcionario y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad lo detuvo cuando intentaba darse a la fuga.
Posteriormente, circularían videos en los que el empresario Carlos Ahumada da miles de dólares en sobornos al diputado perredista de la Asamblea Legislativa y ex-secretario particular de López Obrador, René Bejarano; así como a Carlos Ímaz, delegado de Tlalpan y ex-esposo de la hoy candidata a jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. Los videoescándalos le costaron el puesto a la presidenta nacional del PRD, Rosario Robles.
Desde un principio, Andrés Manuel acusó a Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos de orquestar la salida de los videos para mermar su popularidad creciente. A principios de este 2018, en entrevista con Proceso, el Jefe Diego dijo que, en efecto, apoyó a Carlos Ahumada con dinero y contactos para hacer públicos los videos y que la Procuraduría General de la República procediera en contra de los perredistas por los actos de corrupción.
López Obrador, cuyo mandato vivió los contrastes de una marcha masiva que le exigía seguridad, paz y justicia en la Ciudad, la cual silenció tachando a los participantes de “pirrurris”, y el ser nombrado el segundo mejor alcalde del mundo, llegaba al 2004 como virtual favorito. Por esta razón hizo tanto ruido que la Procuraduría General de la República, siguiendo órdenes federales, pidiera el desafuero del Jefe de Gobierno al Congreso de la Unión.
La PGR acusaba a López Obrador de quebrantar la ley al permitir construcciones en un terreno expropiado por su predecesora, Rosario Robles, y el cual contaba con un amparo por parte del propietario anterior. Mientras que Andrés Manuel sostuvo que, si bien permitió que las obras siguieran, ordenó se detuvieran una vez le avisaron del amparo. Un delito menor que, sin embargo, podría representar un proceso legal que le impediría al Jefe de Gobierno aparecer en la boleta electoral de 2006. Para muchos, incluido Andrés Manuel, el mensaje era claro: El gobierno panista que había logrado la alternancia no estaba dispuesto a que esta se repitiera, ahora, con el PRD.
El cargo de López Obrador quedó en el limbo una vez que la Cámara de Diputados aprobara el desafuero. La bancada priista, empecinada a lo largo del sexenio en hacer la presidencia de Fox lo menos productiva posible, esta vez votó por completo a favor de la propuesta panista. Dejando al PRD solo a nivel federal. Sin embargo, los papeles se revertían en la Asamblea Legislativa del DF, en la que eran mayoría, y donde se debía ratificar el desafuero.
En el Congreso de la Unión se desató un debate sobre si el órgano legislativo federal debía o no tener la última palabra en el proceso contra Andrés Manuel. Liderando la ofensiva de Acción Nacional en el Senado de la República estaba ‘El Jefe Diego’, presidente de la Cámara alta, lo que le valió entrar a la lista de López Obrador en la que nombraba a los autores del desafuero junto a Fox, Creel, la primera dama Marta Sahagún, el priista Manlio Fabio Beltrones, el coordinador de los diputados tricolores Emilio Chuayffet, el presidente de la Cámara baja y el futuro candidato presidencial Roberto Madrazo y, obviamente, Carlos Salinas de Gortari.
Fernández de Cevallos incluso fue más allá y en entrevista con El Universal descalificó a José Luis Soberanes, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien intercedió por López Obrador argumentando que el desafuero no era y no debía ser procedente. ‘El Jefe’ dejó entrever que la intervención del comisionado fue solicitada por López Obrador o su partido, y le recordó que ese asunto era competencia del cuerpo legislativo. Cerró sus comentarios diciendo que si alguien estaba inconforme con el proceso, había recursos legales a los cuales recurrir, porque “hay que apegarse a la ley”.
La disputa tuvo que ser solucionada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual permitió a López Obrador permanecer en su cargo a la par que enfrentaba el proceso. Sin embargo, le dejó la Jefatura de Gobierno a su secretario de Gobierno, Alejandro Encinas, y dijo estar dispuesto a conducir su campaña presidencial desde la cárcel, por lo que se negó a pagar la fianza de dos mil pesos impuesta por el Ministerio Público Federal. En su lugar, la cantidad fue cubierta por los diputados panistas de la ALDF Jorge Lara y Gabriela Cuevas, esta última una ferviente morenista hoy en día, para evitar que Andrés Manuel se “martirizara” a costa de las instituciones.
La batalla entre la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal llegó a su fin luego de las multitudinarias marchas y manifestaciones en apoyo a López Obrador. Tres días después de una congregación de alrededor de un millón de personas en el Zócalo, presuntamente financiada por el Gobierno del DF, Fox anunciaría la renuncia de su procurador general, Rafael Macedo de la Concha. Posteriormente la PGR se valdría de un tecnicismo para dar por terminada la investigación en contra del ex-jefe de Gobierno, cuyo cargo no era contemplado por la ley, solo el de gobernadores y alcaldes, y, si bien era culpable, se desconocía la sanción propia.
En la citada entrevista con Proceso, el ‘Jefe Diego’ sostiene que, en ese momento, el intervino ante el Gobierno de Vicente Fox para dar fin a la movilización del Estado en contra de López Obrador. Más aún, asegura y pone como testigo a Marcelo Ebrard, cercano a Andrés Manuel, que volvió a hacerlo el último día de la campaña presidencial de 2006, cuando se enteró que el gobierno federal “a su más alto nivel” había ordenado sacar una declaración de Gustavo Ponce Meléndez, el ahora preso “Apostador de Las Vegas”, para bajar al ya candidato del PRD en las encuestas.
El proceso de desafuero se mantiene como una de las acciones jurídicas más controvertidas y polarizadoras en la historia de México. Puso en tela de juicio la legitimidad de la alternancia presidencial y creó la figura de Andrés Manuel López Obrador, el movilizador de masas enemigo del sistema que, sin embargo, ha hecho su vida con base en la política nacional. Al final, López Obrador llegó a la boleta, defiende haber ganado la elección del 2006 y acusa un fraude electoral, con base, en parte, a lo vivido en el desafuero. Mientras que el aparentemente consentido del PAN y Fox, Santiago Creel, perdió la elección interna con Felipe Calderón. Incluso, jura haber sentido el rigor del Estado cuando fue destituido como coordinador de la bancada panista del Senado en 2008, acción de la que acusa a este último, ahora siendo presidente.
Dos sexenios después
Al cierre de las precampañas del proceso electoral 2017-2018, Andrés Manuel López Obrador se mantenía a la cabeza de las encuestas, mientras que Ricardo Anaya, cobijado por los antes antagonistas PAN y PRD, se perfilaba como su principal competidor. José Antonio Meade, abanderado del PRI, se distanciaba en la contienda pagando los platos rotos por del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, los preparativos de las campañas se verían violentados por la acusación pública del abogado Joaquín Xamán McGregor en contra de Anaya. De acuerdo con dos de sus clientes, quienes dicen haber sido amenazados, habrían sido contactados por el empresario Manuel Barreiro para triangular, por medio de empresas catalogadas como fantasma por el Servicio de Administración Tributaria, miles de dólares en beneficio del líder de la coalición Por México al Frente. Esto, mediante la compra de un parque industrial propiedad del panista y su esposa.
De inmediato, Anaya se defendió acusando una movida por parte del PRI-Gobierno para levantar a Meade Kuribreña a sus expensas, así como para encubrir la investigación de la Auditoria Superior de la Federación por el supuesto desvío de millones de pesos en dos secretarías de Estado durante la gestión de Rosario Robles bajo el mando de Peña Nieto. Aunque reconoció sólo conocerlo y venderle el terreno a una de sus empresas, dijo no tener mayor relación con Barreiro y que la procedencia de su dinero no era de su incumbencia. Luego de esto, surgió un video que muestra al candidato presidencial en la boda del empresario. De nuevo, Anaya se defendió explicando que asistió al evento por invitación de un amigo de la infancia, hermano de la novia.
Balconea PGR con video a Anaya cuando llama “hijo de puta” a fiscal
Ricardo Anaya dio el siguiente paso y acudió a la Procuraduría General de la República a expresar personal y públicamente su inconformidad por las acciones emprendidas en su contra. La PGR informaría que Anaya, flanqueado por los presidentes nacionales de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Santiago Creel, miembro de su campaña, y ‘El Jefe Diego’, se negó a rendir cualquier declaración. Posteriormente, difundiría un video en el que, presuntamente, el candidato presidencial llama “hijo de puta” al titular de la Unidad contra Lavado de Dinero que lo atiende.
Fernández de Cevallos saldría en defensa de Anaya, asumiendo la autoría del insulto que, aclararía, no fue dirigido a los elementos que tenía en frente sino a la institución de la PGR misma. Así como sentenció que al candidato panista solo lo quitarían de la elección matándolo. Con esto, volvería a ocupar los reflectores de la política nacional, de los cuales se había alejado tras su secuestro en 2010, aunque se mantenía activo al interior de Acción Nacional.
Anaya y la coalición que lidera, Por México al Frente, mantendrían la defensa sobre la intervención del Estado en el proceso electoral. Los partidos que conforman la alianza iniciarían los reclamos en el Congreso de la Unión para emprender un juicio político en contra del responsable de la PGR, Alberto Elías Beltrán, por el supuesto uso faccioso de la autoridad de la Procuraduría. Mientras que Anaya y el ‘Jefe Diego’ retarían a las instituciones a proceder en contra del candidato si tienen las pruebas para sustentarse. De igual manera, Fernández de Cevallos tacharía de “bribones o idiotas” a los responsables. Lo que obligaría al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, a declarar públicamente que el gobierno federal no tiene “las manos metidas en la elección”.
López Obrador y Morena se mantendrían al margen, siendo Ricardo Monreal, coordinador territorial de la campaña presidencial, el primero en hacer pública su opinión. Reconociendo una “carga de más” en contra de Anaya, consideró el escándalo como una movida del PRI-Gobierno para colocar a José Antonio Meade a la caza de Andrés Manuel, quien sería el próximo objetivo del Estado. Aunque también pronosticó la reconciliación del “PRIAN” una vez pasadas las elecciones.
Ángel Ávila, secretario general del PRD, reclamaría a López Obrador que se pronunciara sobre la “guerra sucia” emprendida, supuestamente, desde Los Pinos en contra de Ricardo Anaya. Esto, aseguró, ya que el silencio del líder de Morena, quien ha pasado años criticando el abuso de poder del Estado y acusando tramas en contra de la oposición, le otorga impunidad el PRI-Gobierno.
“A mí ya me la aplicó el PAN”, dice AMLO ante quejas panistas
Finalmente, López Obrador se pronunciaría públicamente sobre el tema. Recordando que a él ya se la “aplicó el PAN”, Andrés Manuel pediría que se investigue tanto a Anaya como a Meade y que, si hay debate, discusión y hasta mentadas de madre, “que no pase de ahí”. También externó su incredulidad ante la postura de la Segob de mantenerse al margen de los comicios. En una declaración posterior, el líder de Morena condenaría el uso de las fuerzas del Estado para perseguir a los opositores, pero insistiría en que se investigue a quien, aún, se mantiene como su principal rival de cara al primero de julio.
La reaparición en primer plano del ‘Jefe Diego’ parecería haber sido invocada por López Obrador quien, antes de desatarse el escándalo y en un acto de presunción que rayó en la fanfarronería, le recomendó al PAN y al PRI cambiar a sus candidatos presidenciales ya que Anaya y Meade “no levantan”. Al tricolor le sugeriría elegir al coordinador de campaña y ex-titular de la SEP, Aurelio Nuño. Mientras que veía mejores posibilidades para Acción Nacional si abanderaban, por segunda ocasión, a Fernández de Cevallos.
De igual manera, el ‘Jefe Diego’ le recordaría a López Obrador que él, en su momento, evitó la “canallada” que el gobierno federal no planeo una sino dos veces en contra del entonces perredista antes de la elección presidencial del 2006. Si bien esta es la verdad que defiende Fernández de Cevallos, la credibilidad de la misma se vería en entredicho cuando asegurara lo mismo Santiago Creel, el favorito en su momento para enfrentar a Andrés Manuel en la contienda presidencial y uno de los miembros de la cúpula panista en sumarse a Anaya luego de que este se enfrentara al bloque interno de Felipe Calderón y Margarita Zavala.
Sonaron las alarmas cuando Fernández de Cevallos acudió a la taquiza de cumpleaños de José Antonio Meade en medio de la confrontación entre el Frente y el PRI. Lo que las voces del círculo morenista se apresurarían a tachar como la gestación de un bloque común que evite la presidencia de López Obrador.
Si el Estado conmigo. . .
De manera irónica, el ‘Jefe Diego’ parecería haber presagiado esta “guerra sucia”. Durante años acusado por muchas voces, incluida la de López Obrador, de pactar y “dejarse ganar” en la elección presidencial de 1994, Fernández de Cevallos respondió a las críticas en la entrevista con Proceso. Citando un artículo de la misma revista, el ‘Jefe’ describe como, tras dominar ampliamente el debate presidencial en contra de Ernesto Zedillo y Cuauhtémoc Cárdenas, el presidente Salinas de Gortari ordenaría al partido y a su maquinaria de Estado —léase Televisa, el “soldado del PRI”— iniciar una campaña de propaganda para impulsar al candidato tricolor emergente debido al asesinato del abanderado original, Luis Donaldo Colosio. Así como para desaparecer del ojo público al panista.
Diego Fernández de Cevallos cierra diciendo que Ernesto Zedillo no le ganó la Presidencia de la República, sino Televisa, el Programa Nacional de Solidaridad y Carlos Salinas de Gortari. Sobre enfrentar al aparato de Estado del PRI en el gobierno, la siempre afilada voz de ‘El Jefe’ sentencia: “yo quiero ver al guapo que hubiera podido remontar esta realidad”.
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