Despojos inmobiliarios en Quintana Roo apuntan al embajador Carlos Joaquín

Las declaraciones realizadas por José Alonso Ovando, encargado de la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro) en Quintana Roo, revelaron la presencia de una organización inmobiliaria ilícita en la zona de Tulum, la cual apuntaría al exgobernador y actual embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, y a su círculo familiar más cercano.

Alonso Ovando alertó a los medios sobre la existencia de un grupo delictivo que se dedica a despojar de sus bienes a familias, “a personas que tienen muchos años y falsificación de títulos de propiedad”. Reconoció que “a nosotros mismos nos han falsificado títulos”, y expuso tres casos.

Con base en los hallazgos de la investigación llevada a cabo por la Agepro, se documentó de manera irrefutable uno de los casos más emblemáticos: el despojo sufrido por Cayetano Nieto, un hombre mayor que fue desposeído de 179 hectáreas de terreno mediante la utilización de títulos falsificados por un grupo empresarial vinculado al exgobernador Carlos Joaquín.

Según las declaraciones del perjudicado, asentadas en el expediente de investigación con número 8144/2022, la propiedad pasó en un proceso acelerado a manos de funcionarios de Tulum, quienes habrían falsificado documentos públicos en Chetumal, los validaron en Progreso, Yucatán, y quedó registrado en el Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo.

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Otra denuncia documentada es la de Natalia S, quien al intentar regularizar el pago de impuestos en la oficina de la Tesorería de Tulum, descubrió que los terrenos de su familia fueron cercados y contenían maquinaria en su interior por un desarrollo llamado «Solemn», el cual ya vendía lotes unifamiliares.

Natalia S, al investigar en las oficinas de la Tesorería, se enteró que los terrenos familiares fueron adquiridos sin su consentimiento, por la empresa Akela Development Group SA de CV.

Dentro de los señalados, se encuentran la exdirectora del Registro Público de Quintana Roo, Layla Lorena Flores Terrazas, Solangel Azucena Alonso Madrigal, el notario 109 del estado, Manuel Chejin Pulido, quien supuestamente respaldó la documentación ilegal, bajo la protección del fiscal general Óscar Montes de Oca Rosales.

Adicionalmente a los individuos mencionados, también estarían involucrados el exresponsable del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo, José Cisneros Paredes, y Carlos Nassim Joaquín Rejón, hijo del antiguo gobernador.

Hasta el momento, la investigación oficial liderada por Alonso Ovando detectó movimientos irregulares en al menos una docena de lotes, equivalentes a más de 5 mil metros cuadrados en la zona.