Entregan patria potestad de menor a su presunto violador

Después de al menos dos años de procesos judiciales, Blanca  Colmenares Sánchez, juez Segundo Familiar del Distrito de Nezahualcóyotl, concedió a César Alan Cabrera Aguilar, de 28 años, la patria potestad de su hija, de la cual abusó sexualmente desde los tres años de edad, de acuerdo con peritajes y reportes médicos.

El abogado Daniel Vergara Arias, defensor de la madre de la víctima, refiere que el caso es un ejemplo de corrupción; pues aseguró que cuentan con las pruebas necesarias (es decir, con evidencia científica y jurídica) para comprobar que el padre es el responsable del ilícito perpetrado en contra de la menor.

Los médicos del Instituto Nacional de Pediatría (INP) reportaron a la madre de la víctima, identificada como KKCC, conductas disonantes en la infante al ser comparadas con las de cualquier otro niño de su edad. Asimismo, durante la exploración médica, se detectaron signos de agresión sexual en sus genitales.

KKCC relata que desde el 2013 acude con su hija al INP en donde le practicaron diversos estudios y análisis médicos. «Al no encontrar ninguna causa funcional del estreñimiento crónico, la actitud retencionista (que es el miedo a evacuar)» y al no hallar «fisuras y sangrados, pues en los estudios de los órganos estaban en perfecto estado, remiten a mi hija al área de salud mental el día 17 de noviembre del año 2015», explicó.

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«El día 9 de diciembre del 2015 la psicóloga Eugenia Bárcena Sobrino menciona que mi hija tiene trastorno de ansiedad generalizada y puede ser víctima de algún tipo de abuso», luego de que la madre mencionara a la psicóloga que la pequeña se masturba constantemente.

En el dictamen emitido por la psicóloga del INP, tras seis sesiones, se detalla que la menor presenta indicadores psicológicos asociados con abuso sexual. Para elaborar el dictamen, le preguntan a la infante agraviada:

—»¿Quién te enseñó a sentir rico?» A lo que la menor responde que fue «Alan».
—»¿Por qué no le dices papá?», la niña contesta: «Porque me hace cosas malas».
—»¿Qué cosas?» La niña no quiere decir más.

En otra sesión, la niña explicó un juego que mantiene con su padre cuando se la lleva a su casa los fines de semana:

—»El juego era con Kitty. Me metía el dedo de Kitty atrás».
—»¿Dónde?», pregunta la especialista. La menor señala el ano.
—»Él me decía que era un juego secreto entre los dos».
—»¿Quién es Kitty? ¿La muñeca?», le cuestiona la experta.
—»No me gusta, no quiero ir con mi papá. ¡Tengo miedo de las patrullas!», exaltó la víctima de ahora seis años.

Ante las pruebas psicológicas realizadas, la experta concluye en psicodiagnóstico que hay «indicadores psicológicos asociados con el abuso sexual».

• La narrativa de los hechos de KKCC

En las instalaciones de la Consultoría Jurídica Vergara & Asociados, el defensor del caso de la menor agraviada proporcionó la «narrativa de los hechos de la madre», documento en poder de La Hoguera, en donde se destaca que el 10 de diciembre de 2015, ésta acude al CAVI para dar seguimiento a la denuncia intrafamiliar con Trabajo Social.

KKCC narró que, durante la entrevista, la trabajadora social «se percata que mi hija se toca sus partes genitales y se empieza a masturbar. Me pregunta si lo hace constante, a lo que respondo que sí». La madre asegura haber tratado el tema con el padre; sin embargo, él respondió «que era normal», que los niños «se exploraban».

La terapeuta nota «la ansiedad de mi hija y los dedos ulcerados. Me indica que puede ser abusada sexualmente; que subiera a delitos sexuales a lo que acudo y comento que mi hija le gustaba mucho jugar con Kitty con su papá, pensando que meses atrás era la muñeca», recalcó la madre de la víctima.

Asimismo, en la narrativa de los hechos se detalla el énfasis que la progenitora hace en el dictamen realizado por un médico legista donde precisa «que presenta estimulación sexual en la vulva y actos contra natura a lo que me indican que mi hija ha sido violentada sexualmente por más de un año».

Al tomar la declaración de la víctima, ella señala al padre.  Le piden que dibuje a «Kitty» en presencia de la abogada victimal y del Ministerio Público. El dibujo «es el miembro erecto«, precisó la mamá de la agraviada y agregó que su hija aseguró «que los hechos ocurrieron en casa de su papá», ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

• Las irregularidades en el caso

El juzgado ya tenía conocimiento de lo expuesto en los párrafos anteriores, subrayó el abogado de Vergara & Asociados y, pese a ello, le practicaron una segunda prueba pericial a la infante, a cargo de la psicóloga Jazmín Ramírez Domínguez, donde ella determina que hay «alienación parental»; es decir, donde la infante fue influida por la madre para manifestarse en contra del padre.

No conformes con la determinación de la psicóloga, la defensa mete una prueba documental que consiste en un estudio muy preciso efectuado por un psicólogo distinguido, Jorge Maqueda, quien determina que las pruebas que hizo Ramírez Domínguez no son las idóneas para determinar «un síndrome de alienación parental», recalcó el abogado.

Y agregó: «la prueba pericial estuvo perdida mucho tiempo, se tardó mucho en entregarla y no era una prueba científica que le diera alcance y valor» al dictamen emitido; porque «de las pruebas que realiza no hay ningún indicador para llegar a esas conclusiones», enfatizó Vergara.

En una audiencia oral y videograbada, la cual tiene en su poder Vergara & Asociados,  la perito se muestra «nerviosa» —refiere la parte actora— y manifiesta que la menor sí fue víctima de abuso; acto seguido, se retracta. «Se le da vista al Consejo de la Judicatura de la perito Ramírez Domínguez por su incorrecto actuar», apuntó.

Además, existen videos donde se ve que los padres del imputado y el abogado de Alan Cabrera se acercan a la perito y mantienen un diálogo, cuando no existe motivo o razón jurídica alguna para que la perito mantenga algún tipo de acercamiento con ninguna de las partes, resaltó Daniel Vergara.

Al estar presente la menor, la juez «la trata de inducir a que si no es el abuelo el que comete los actos» relata la defensa de la infante, a lo que ella responde que no.

El padre del acusado pide a la juez un video de la entrevista realizada a la niña y ésta lo permite, incluso cuando ya se había establecido la protección de la imagen de la menor.

A la lista de las irregularidades, se suma la negativa de la juez a la formulación de preguntas al dictamen de Ramírez Domínguez. En este documento está plasmado que la madre KKCC indujo a la menor, pero la perito «de viva voz lo niega», aseguró la defensa de la agraviada.

«La juez trascribe únicamente lo que favoreció para quien hoy anda prófugo de la justicia: que la menor había sido inducida por la madre, que la menor quería estar con el papá». La defensa pretendía hacerle más preguntas a la perito; no obstante la juez no lo permite.

El acusado lleva casi dos años prófugo de la justicia y aunque fue detenido tras una denuncia de violencia intrafamiliar  y ya contaba con la orden de aprehensión, emitida el 05 de mayo de 2016 por el Juez de Control del Distrito de Nezahualcóyotl y en poder de La Hoguera, fue puesto en libertad.

«Sabemos que en México si se da dinero a la Fiscalía no se trabajan órdenes de aprehensión. Gente con dinero puede pagar a la Procuraduría para que no se ejecuten las órdenes de aprehensión», remató el abogado.

• ¿En México el dinero compra la justicia?

El defensor de la menor y también especialista en derechos humanos, penal y amparo aseguró que el imputado posee una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual contra la menor, documento emitido por la PGR con fecha del 20 de junio de 2017; sin embargo, continúa prófugo de la justicia. ¿El motivo? Corrupción e influyentismo.

En la narrativa de los hechos de la madre de la víctima se señala que «la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl pide la sintomatología de la menor; así como sus dibujos de penes donde decía ser la casa de Kitty, así como el expediente clínico del INP donde efectivamente presenta indicadores asociados a abuso sexual».

«El 5 de mayo se libera la orden de aprehensión en contra de César Alan Cabrera Aguilar por el hecho delictuoso de violación equiparada con modificativa agravante por haberse cometido por un ascendiente en contra de su descendiente con punibilidad autónoma», indica el documento.

Cabrera Aguilar posee un poder económico elevado y sus familiares son funcionarios públicos. Jorge Toledo Bustamante es tío del imputado y alcalde de Mazatepec, quien en agosto de 2017 fue sometido por un grupo delictivo, presuntamente narcotraficantes, con quien acuerda brindarle las facilidades y no interferir en los planes del grupo criminal; aunque se niega a entregar cinco millones de pesos.

https://www.youtube.com/watch?v=L4QuIhQ_FeI&t=242s

• Lanzan los familiares de la menor un llamado al Gobierno del Estado y a la Fiscalía para hacer justicia.

Ante la resolución de la juez Blanca Colmenares de otorgarle la potestad de la menor a su padre y presunto violador y proteger a quien comete el ilícito, los abuelos maternos de la infante agraviada hicieron un llamado al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; ya que la madre de la menor ha vivido «un infierno», pues ha sido víctima de un intento de secuestro en donde la amedrentaron con amenazas hacia la menor.

Asimismo, pidieron justicia «al presidente de la Judicatura, a los magistrados, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque la Comisión de Derechos Humanos estatal se declaró incompetente».

Al gobernador y a la Fiscalía del Estado de México piden que les garantice su seguridad, porque el padre de la menor ronda por la casa de los agraviados y «los vigilan, toman fotos y pasan en coches», precisa.

El abuelo de la víctima hizo un llamado al gobernador del Estado de México para que «interceda y verdaderamente aplique la justicia […] y que se investigue el actuar de la juez Colmenares».

Y añadió: «Hago un llamado también al Poder Judicial del Estado México para que rectifique la sentencia dada por la juez Colmenares».

Finalmente, Vergara & Asociados solicitó a los medios y a la sociedad difundir el caso en aras de resguardar los Derechos Humanos, los Derechos de la Infancia de la menor y exigir justicia. Pretenden evitar que «una niña inocente caiga en manos de su violador».