Por considerar que trasgrede la libertar de trabajo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por unanimidad, invalidó el párrafo de la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR) que determinaba que los funcionarios públicos no podían trabajar en la iniciativa privada hasta después de 10 años de haber dejado su cargo en la administración.

El máximo tribunal de justicia de la nación consideró que la medida incide de manera “desproporcionada, innecesaria e injustificada” en la libertad de trabajo, profesión, comercio e industria, reconocida en el artículo 5 constitucional, con la restricción de que los servidores públicos de mando superior no podían laborar en empresas que hayan supervisado, revisado o regulado durante su encargo público, pues tuvieron acceso a información privilegiada.

Al respecto, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, indicó que la norma establece un plazo demasiado largo en comparación con otras medidas, además de que esta regla no puede aplicarse de la misma manera a todos los funcionarios debido a que todos manejan información diferente.

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“No todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades y presentan el mismo grado de riesgo de corrupción, por lo tanto, me parece que la norma es sobreinclusiva”, señaló.

Por su parte, el ministro Luis María Aguilar expuso que la norma en discusión genera incertidumbre al contradecir a Ley General de Responsabilidades Administrativas en la que se señala un tiempo de espera de únicamente un año, por lo que entonces surgiría la interrogante de qué Ley de debe aplicar de las dos. Además, de cuál sería el supuesto de que se está incumpliendo una de las leyes, pero la otra no.

Con la aprobada reforma de austeridad en 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador buscaba, además de bajar los altos sueldos de los funcionarios públicos, terminar con las relaciones que algunos burócratas entablaban con empresas durante el desempeño de su cargo y que beneficiaban para después ser contratados por ellas.

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El ese año y en reiteradas ocasiones el jefe del Ejecutivo ha señalado que secretarios de Estado e incluso el expresidente Felipe Calderón Hinojosa han sido contratados por empresas extranjeras de energía que fueron ganadoras de jugosos contratos durante ese mandato.

López Obrador planteó que con ese cambio en la ley se iba a frenar la corrupción de exfuncionarios que colaboraban con información privilegiada que manejaron durante el tiempo que estuvieron al frente de las diferentes áreas del gobierno, razón por la cual eran contratados.