El embajador de Estados Unidos (EU) en México, Ken Salazar, dio la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su llamado a realizar una reforma eléctrica. Esto al considerar que en las discusiones que se están realizando en la Cámara de Diputados se está logrando entender más el propósito y considerar que las leyes se deben actualizar a partir de las experiencias obtenidas con los cambios.

Tras su diálogo con integrantes de la Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ken Salazar declaró que no fue a San Lázaro para platicar con ellos sobre preocupaciones de la reforma eléctrica. Sin embargo, ante la presión de los reporteros, este decidió realizar un breve comentario al respecto.

El embajador de EU en México dijo que el presidente tiene razón de decir que quiere impulsar cambios legales para lograr lo mejor para el pueblo. Este señaló que el proceso de Parlamento Abierto está sirviendo para entender más la idea del López Obrador y que seguramente si avanza al Senado quedará más clara la propuesta.

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Ken Salazar opinó que las leyes siempre necesitan reformarse, pues se requiere aprender las experiencias que se tienen al aprobar otras modificaciones. Al respecto señaló que él como senador también fue parte de los autores de las leyes de energía para su país que fueron reformadas entre 2005 y 2007. “Esas leyes se tienen que revisar y reforma […] México ya lleva desde 2013 con esa ley eléctrica ”, comentó el embajador de EU.

Los comentarios contrastan con lo manifestado el pasado 21 de enero por la secretaria de Energía de EU, Jennifer M. Granholm. A través de un comunicado, esta dijo que el gobierno de Joe Biden estaba preocupado por un eventual «impacto negativo» que podría tener la iniciativa de reforma eléctrica de AMLO si impedía el cumplimiento de la agenda de energía limpia bilateral y la inversión privada estadounidense.

Sin embargo, reconoció que el gobierno mexicano le aseguró que tenía vigente el compromiso por generar energías renovables y que resolvería las disputas con proyectos energéticos respetando el Estado de Derecho.