Tras la petición de la defensa y sin oposición por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Unidad de Inteligencia financiera (UIF) y la de Cámara de Diputados –quien acudió como víctima-, el juez Marco Antonio fuentes Tapia concedió aplazar la audiencia del panista Ricardo Anaya a quien le ordenó presentarse de manera presencial.

En la audiencia que fue diferida para el 31 de enero a las 9:00 horas, el excandidato presidencial será imputado por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, ello por presuntamente haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto.

El juez de control con sede en el Reclusorio Norte advirtió a Anaya que, de no presentarse a la próxima audiencia, la FGR podrá ejercer sus facultades haciendo uso de cualquier medio para presentarlo ante la justicia.

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Para aplazar la comparecencia, la defensa del imputado, Eduardo Aguilar Sierra, solicitó al juez 40 días para revisar las 137 mil fojas que conforman la carpeta de investigación contra su cliente. Acusaciones que calificó como “absurdas y completamente falsas”. Además, el abogado refirió que ante la cantidad de hojas del expediente necesitaría por lo menos 284 días para leerlo, dedicándole 8 horas diarias, para hacer una defensa adecuada para demostrar la inocencia de Anaya.

En la audiencia de este lunes, la Fiscalía se preparaba para imputar al panista por presuntamente haber recibido sobornos por 6.8 millones de pesos cuando era diputado federal, acusaciones hechas por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, a quien la semana pasada le fue impuesta prisión preventiva ante una posible fuga, por lo que tendrá que seguir su proceso judicial desde prisión.

De los 70 exfuncionarios y legisladores que inculpó Lozoya, Ricardo Anaya apenas es el segundo en comparecer, el primero y único vinculado a proceso ha sido el también panista Jorge Luis Lavalle Amaury.