En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha presentado 757 denuncias penales ante diversas fiscalías por posibles faltas cometidas por funcionarios públicos.

La dependencia reveló también que a través de su Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) da seguimiento y coadyuva con el Ministerio Público en 315 carpetas de investigación, incluidas las de administraciones anteriores.

Del total de las denuncias iniciadas, del 1 de diciembre de 2018, es decir, el primer mes de gobierno de López Obrador, y hasta octubre del presente año, la Función Pública, tan solo por medio de la UAJ, ha presentado 198 denuncias penales contra 341 funcionarios o exfuncionarios.

De ellas, 114 han sido por enriquecimiento ilícito, 34 por uso de atribuciones y facultades, 21 por ejercicio ilícito del servicio público, 10 por peculado, 5 por falsificación de documento, y 14 por otros delitos.

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Mientras que 559 de las imputaciones se han llevado a cabo a través de Órganos Internos de Control (OIC) y de las Unidades de Responsabilidades debido a que han sido por delitos de falsificación de documentos, ejercicio ilícito o indebido del servicio público, uso ilícito de facultades, cohecho y peculado.

Por otra parte, durante la actual administración, la SFP ha impuesto 8 mil 228 sanciones a 7 mil 34 servidores públicos, de los cuales a mil 126 se les dio una amonestación privada, a mil 321 una amonestación pública, 478 fueron destituidos, mientras que 3 mil 108 fueron inhabilitados, a 594 se les impuso una sanción económica y a mil 601 se les suspendió.

Asimismo, informó que ha remitido mil 95 expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa por presuntas faltas graves cometidas por servidores públicos que el tribunal deberá emitir la sanción correspondiente a cada caso.