La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó haber hecho públicos los datos de la investigación que sostiene contra 31 científicos y personal administrativo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC, por los presuntos delitos de uso indebido de recursos, peculado lavado de dinero, delincuencia organizada y uso ilícito de atribuciones, como lo señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“La Fiscalía General de la República no ha hecho públicos datos propios de la indagatoria ministerial respectiva, así como de las personas posiblemente inculpadas”, subrayó.

Este sábado la FGR emitió un comunicado en respuesta a los señalamientos de la CNDH, en los que solicita medidas cautelares para los investigadores, en el que asegura acepta la comunicación, pero no el contenido. “En respuesta a su oficio número 62482 de fecha 22 de octubre de 2021, me permito manifestar a usted que se acepta dicha comunicación, pero no así su contenido”.

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La Fiscalía enlista los puntos en lo que está en desacuerdo con las recomendaciones que le hace el organismo de derechos humanos, en la que además de que reitera que no ha hecho pública la investigación, señala que todos los involucrados que han pedido tener acceso a las carpetas de investigación lo han podido hacer libremente.

“Todas las personas que han solicitado acceso a la carpeta correspondiente y que tengan derecho a ello, se les ha dado acceso y se les han entregado los expedientes completos, como es público y notorio”.

Abundó que las declaraciones a los medios de comunicación son los involucrados los que las han hecho. “Ellos son los que han hecho libremente las declaraciones que han creído convenientes”.

Otro de los puntos que precisó la FGR se refiere a que el Ministerio Público de la Federación “ha cuidado y cuidará el debido proceso en éste y en todos los casos en los que interviene”.

Por otra parte, la Fiscalía aclara a la CNDH que en su comunicado 377/21 se anunció únicamente que se volvería a solicitar órdenes de aprehensión contra los inculpados luego de que un juez se negara a concederlas. “Se refirió, única y exclusivamente, a instituciones y temas judiciales y procesales que reflejan su derecho a ejercer sus funciones ministeriales de orden constitucional”, afirma.