Votar en la consulta, pero sabiendo por qué votar

Estamos a tan solo cinco domingos de la consulta popular, la primera a realizarse tras la reforma de López Obrador, en la que la ciudadanía opinará sobre iniciar investigaciones contra los “actores políticos del pasado”. Es un hecho que se hará, por lo que quienes impulsan el abstencionismo lo hacen por intereses propios, pero quienes promueven la participación también lo hacen de manera engañosa y vendiendo humo.

Vamos por partes. ¿De dónde sale esta consulta? Si le preguntan a Mario Delgado, dirá que fue de la organización ciudadana que recabó más de dos millones y medio de firmas. Cuando eso es, dicho suavemente, mentira. Esta consulta es la que solicitó el presidente al Senado y la Suprema Corte, los cuales la aprobaron en fast track y dejaron toda esa participación ciudadana en el archivero, como si careciera de relevancia porque el primer mandatario la pidió.

Habrá quienes digan que no importa cómo se solicitó, el punto es que se haga, y no. Esas firmas recabadas eran la muestra de que la ciudadanía está insatisfecha con la impartición de justicia en el país, era su exigencia a todas las instancias, desde el gobierno hasta la Corte pasando por la FGR, para que hagan algo. Mientras que la solicitud de López Obrador es lo contrario, una excusa por no haber iniciado ya los procedimientos contra los saqueadores de gobiernos anteriores.

Ahora, ¿qué se va a consultar? De nuevo, si le preguntamos a Delgado, a cualquier morenista y hasta al propio López Obrador, dirán que es sobre iniciar procesos judiciales contra los cinco expresidentes de lo que se ha denominado el periodo neoliberal: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. López Obrador ha compartido la lista de cargos en su contra, al menos, desde febrero de 2019, a dos meses de que inició su mandato.

Otra vez, esta versión es falsa. Puesto que la resolución de la Suprema Corte con la que se dio vida a la consulta eliminó los señalamientos directos, de ahí la ambigua categoría de “actores políticos del pasado”, y la acción penal inmediata. En su lugar, según explicó el ministro presidente Arturo Zaldívar, se podrían plantear comisiones de la verdad con el objetivo de salvaguardar los derechos de las víctimas. Procesos a largo plazo que dejan el aspecto judicial de lado.

Claro está que la resolución del máximo tribunal, al estar en el gris terreno de la vaguedad no cuenta con el sabor ni el picante necesarios para hacer una campaña política atractiva. Es mucho más efectivo cortar por lo sano y prácticamente prometer que, de ganar el sí el próximo 1 de agosto como toda lógica lo indica, para el día dos los expresidentes ya estarán en el Ministerio Público regresando lo robado en su camino al reclusorio más cercano.

Aunque efectivo electoralmente, en el aspecto jurídico esto solo genera una expectativa que no se cumplirá en tiempo y forma. Con esta campaña, la dirigencia de Morena sí está incentivando el voto, pero al mismo tiempo está preparando una decepción mayúscula. Más si consideramos que fue por decepción con las instituciones que dos millones y medio de personas firmaron por una consulta que no se realizará como ellos pidieron.

Así como López Obrador usa la consulta como excusa, jugando con el hartazgo de la ciudadanía por la inoperancia de las instituciones para solapar la inoperancia de las instituciones bajo su mando, Morena solo terminará de quemar un instrumento democrático innovador cuando, con resultados de la consulta en mano, las autoridades sigan sin dar los resultados que espera la gente porque al político se le hizo fácil prometer más allá de sus posibilidades.

En esto, claro, también tiene mucha responsabilidad la Suprema Corte. En su afán de tomar decisiones salomónicas para limpiarse las manos de futuras repercusiones, los ministros no se atrevieron a decirle que no a López Obrador cuando pidió una consulta inconstitucional. Pero tampoco se la aprobaron. En su lugar, hicieron arreglos para que quedara lo más legalita que se pueda, aunque esto signifique que, al final, no se enjuicie a nadie, que es el punto de la consulta.

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Con todo esto expuesto, la consulta se hará el domingo 1 de agosto y no hay nada que lo evite. Quienes argumentan que es un despilfarro de recursos públicos, que algo de razón tienen, cometen un error al promover que no se participe en este ejercicio. Puesto que los recursos se despilfarrarán independientemente del resultado. En este momento, la única alternativa posible es votar, pero a conciencia de lo que se puede hacer y lo que no con cada resultado.

Tomando en cuenta que la consulta necesita una participación mínima del 40 por ciento de la lista nominal para ser vinculante, así como que no hay muchos argumentos para votar por la opción del NO, es entendible que surjan estas campañas abstencionistas. No son más que esos mismos “actores políticos del pasado” tratando de hacer su campaña y, sabiendo que el SÍ seguramente arrasará, no les queda más que aspirar a que los resultados no tengan validez jurídica.

Una estrategia bastante burda, no solo porque la encabeza Vicente Fox, el más burdo de los expresidentes, sino porque los números no mienten. El pasado 6 de junio, la participación nacional promedió 52 por ciento. Sumado al antecedente de las dos millones y medio de firmas, así como de la mentirosilla campaña oficialista, es poco probable que no se alcance ese 40 por ciento. Tal vez no se llegue al 50, pero de que se llegará al mínimo, se llegará.