Aprueba el Senado, en lo general, nueva Ley de la FGR

La expedición de una nueva Ley orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) fue aprobada tras un adéndum que logró el consenso en el Senado de la República al contemplar algunos límites y reestablecerle obligaciones al órgano titulado por Alejandro Gertz Manero.

La nueva redacción establece que existirá una Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las mujeres y la trata de personas. Esto luego de que se proponía desaparecerla e incluir la facultad de investigar estos hechos a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (DDHH).

Asimismo, se acordó modificar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para establecer nuevamente que el mecanismo mandatado tendrá entre sus miembros a un representante de la FGR teniendo voz y voto.

Junto a esto se aceptó también que el fiscal general de la República forme parte de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Esto para evitar que este órgano de procuración de justicia únicamente envíe un «representante» a las reuniones sin que contara con el derecho a votar lo que en ellas se resolviera.

De manera similar, se obliga a la Fiscalía a permanecer en el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

A nombre de la Comisión de Justicia, la senadora Lucía Trasviña señaló que este nuevo dictamen es el resultado de las aportaciones de la sociedad civil y las distintas expresiones políticas. Además de los cambios descritos, destacó la incorporación de un lenguaje incluyente y un Consejo Ciudadano.

Sobre este último, señaló que servirá para mejorar la toma de decisiones al interior de la FGR. El Consejo será un órgano especializado de consulta, de carácter honorífico, integrado por cinco personas destacadas en materia de procuración e impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos.

Dentro de sus facultades está el dar opiniones no vinculantes sobre la creación de nuevas estructuras propuestas por el fiscal; del establecimiento de reglas operativas y planes del servicio profesional de carrera; y respecto a la construcción del Plan Estratégico de Procuración de Justicia. Además, deberá hacer del conocimiento del Órgano de Control probables responsabilidades administrativas.

La redacción fue apoyada por todos los partidos políticos con representación en el Senado. Ricardo Monreal, creador de la iniciativa, señaló que este ordenamiento reconocerá el principio de libre configuración de los órganos constitucionales, ya que le permitirá realizar ajustes conforme evolucione.

Cabe destacar que en su artículo 19, la nueva Ley menciona que una de las facultades del fiscal general será expedir el estatuto orgánico y demás acuerdos circulares e instrumentos necesarios para la organización y funcionamiento de la FGR.

No obstante, pese a que votó a favor en esta discusión general, Claudia Ruiz Massieu, coordinadora de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se posicionó en contra de este punto. La legisladora argumentó que esta es una insuficiencia ya que con ello se renuncia a la facultad de normar, definir criterios y límites de la FGR.

El dictamen fue aprobado con 118 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.