Investigan contratos por más de 400 mdd a García Luna con Calderón y Peña

La Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública ya investigan los contratos con la empresa Nunvac Inc, que presuntamente tuvo vínculos con Genero García Luna, durante el término del sexenio de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que entre el periodo 2012 y 2017 se celebraron nueve contratos por una cantidad de 390 millones de dólares con fondos de la partida de Seguridad Pública y Nacional y uno más de de 270 millones de pesos a través del presupuesto tradicional.

Esto después de que en los días recientes se llevara a cabo una revisión de los contratos celebrados durante el periodo antes mencionado con la empresa denominada Nunvac Inc, la cual ha sido señalada como pieza clave para la triangulación de recursos en el caso de García Luna.

Mediante una tarjeta informativa, la dependencia mencionó que existe un contrato por 19 millones 848 mil dólares, que se firmó en el sexenio de Calderón, y que tiene una vigencia anual entre el 27 de julio de 2012 y el 27 de julio de 2013, el cual presenta adeudos vigentes de pago por 5 millones 954 mil 400 dólares, es decir 30% del monto total del contrato.

El objetivo del contrato, que se encuentra ya bajo el resguardo de la Dirección de Programación y Presupuesto de la Dirección General de Administración (DGA) del área de Prevención y Readaptación Social (RPS) de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSP), se estableció para suministro, instalación, capacitación y puesta en marcha del equipamiento tecnológico.

A la firma del contrato se pagó el 50% del total (9.9 millones de dólares) y el 20% contra la entrega de equipos (3.9 millones de dólares). Sin embargo quedan pendientes 10% contra la entrega exitosa de los servicios de instalación (1.9 millones) y 20% a la liberación del sistema, puesta en marcha y terminada la capacitación (3.9 millones).

No obstante, derivado de la revisión de dicho documento se encontraron irregularidades del contrato y procedimientos de pago como que en la DGA no existe evidencia de los trabajos realizados y ya pagados al proveedor; no se especifican los componentes del sistema integral ni los alcances de las capacitaciones técnicas y operativas; en minuta (incompleta) se exponen las razones que impedían concluir los contratos y no existe convenio modificatorio; el proveedor anexa soporte documental por el adeudo de los más de cinco millones que consistió en la capacitación de tres personas que no laboran ni han laborado en la PRS y, por último no existe evidencia documental de la liberación del sistema y su puesta en marcha .

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