Diputados aprueban nueva Ley de Remuneraciones para servidores públicos

Con el apoyo de las bancadas de la 4T, la Cámara de Diputados derogó la Ley de Remuneraciones aprobada por la misma legislatura hace dos años para dar paso a una nueva en donde se señalan nuevos parámetros para decidir los salarios del presidente y otros servidores públicos de acuerdo a su jerarquía. 

La nueva Ley señala que ningún servidor público recibirá una remuneración o retribución igual o mayor a la Remuneración Anual Máxima que tiene derecho a recibir el presidente de la República por concepto de percepciones ordinarias, ello sin considerar las prestaciones de seguridad social a las cuales tenga derecho conforme a la legislación en la materia. 

En el PEF del primer año completo de gobierno de la administración del Ejecutivo Federal, la Remuneración Máxima será la que resulte de multiplicar el PIB per cápita de referencia por los rangos funcionales señalados en el artículo 10 de la ley (11 grupos de responsabilidad con impacto jerárquico), más la suma del aguinaldo de 40 días sin deducción alguna.  

Sin embargo, durante los años siguientes, la actualización de este tope se hará conforme a la política salarial general para el ejercicio fiscal correspondiente, la cual no deberá exceder dos veces el valor de la estimación de la inflación anual que contenga el documento que debe enviar la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión antes del 1 de abril con los lineamientos que pide la fracción I del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto. 

Por parte del PRI, la diputada Ximena Puente de la Mora expresó que es necesario que la asignación de sueldos de los servidores públicos no sea de manera arbitraria, por lo que es indispensable tener criterios claros, específicos y definidos para acabar con la discrecionalidad.

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Aunque la diputada colimense expresó a nombre del PRI su reconocimiento por aclarar distintos conceptos como «sueldos y salarios», Eduardo Zarzosa Sánchez y Enrique Ochoa cuestionaron la redacción de la nueva Ley. De acuerdo a los legisladores, el que se retome el contenido sobre las excepciones para que un servidor público tenga una remuneración igual o mayor a la de su superior jerárquico, para colocarlo en el 15° de la Ley propuesta, volverá a causar impugnaciones por parte de la Corte. 

La diputada Laura Rojas inició los posicionamientos del PAN, mencionando que esta es la tercera vez que la legislatura aborda el tema debido a que no ha sido capaz de resolver un asunto de manera adecuada y apostando por hacerlo apresuradamente con minutas obsoletas que posteriormente se tienen que reformar.  

La expresidenta de la Mesa Directiva también mencionó que desde su partido proponían que exista un Sistema Integral y un Comité Independiente que evalúe cada cargo y determine las remuneraciones de los servidores públicos y no atender, como Morena, el criterio del presidente y a partir de ahí tasar los puestos de la administración pública federal. 

Finalmente, criticó que la nueva Ley de Remuneraciones tenga como parámetro al PIB, puesto que ello dejará en la incertidumbre a los servidores públicos respecto a sus propios ingresos, impidiéndoles planear su futuro. 

En el lado oficialista, Pablo Gómez Álvarez mencionó que el proyecto original de esta ley databa de 2006 y que durante años quedó congelada por órdenes de Enrique Peña Nieto y el apoyo del PAN a esta indicación, por lo que se trata de una existencia del «clamor popular».  Pese a las críticas, Miguel Ángel Jáuregui calificó como «novedosa y única» la fórmula presentada para calcular la retribución de un mandatario puesto que esta partirá de la realidad nacional.

Su aprobación en lo general fue con 300 votos a favor, 41 abstenciones y 64 en contra; en lo particular, se aprobaron modificaciones propuestas por Morena con 287 votos a favor, 57 en contra y 40 abstenciones.