Nación
‘Empresas fantasma’ no estaban registradas como tal cuando se contrataron: Sedena
Luego de que el diario español ‘El País’ publicó que la Secretaría de la Defensa Nacional destinó 2 mil 756 millones de pesos a contratación de 261 ‘empresas fantasma’ durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la dependencia respondió que, al momento de celebrar los contratos, las firmas en cuestión no habían sido registradas como ‘factureras’. Agregando que la Auditoría Superior de la Federación ha constatado la entrega de las obras contratadas.
“Durante los años 2013 al 2018, las empresas que se señalan en las publicaciones no se encontraban en el registro de proveedores sancionados para contratar, publicado en la página de la Secretaría de la Función Pública, por lo que en el momento de la celebración de los contratos con la Sedena, estaban debidamente constituidas y sin ningún impedimento para llevar a cabo la contratación”, se lee en el comunicado oficial de la Sedena al respecto.
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La explicación, que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a hacer pública, agrega que “del 2013 al 2018 se realizaron 31 auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación y, de 2019 a la fecha, se tienen en proceso 14. Este organismo fiscalizador avaló el actuar de esta dependencia. Verificando el ejercicio de los recursos, encontrándose las obras que se señalan concluidas, entregadas y actualmente en funcionamiento”.
Señalando que las contrataciones se hicieron “en estricto apego a la normatividad vigente en materia de obra pública, adquisiciones y servicios”, la Sedena también asegura que, en caso de haber irregularidades en los contratos suscritos con estas empresas, “serían detectadas por los organismos fiscalizadores competentes, sin embargo, hasta la fecha no se cuenta con algún pliego de observación por incumplimientos de esa naturaleza”.
En ese sentido, expone que el Órgano Interno de Control, dependiente de la SFP, ya ha impuesto una sanción administrativa a 6 militares pertenecientes a la Dirección General de Industria Militar fueron, consistente en la “suspensión de empleo, cargo y comisión”, por la falta administrativa cometida durante el procedimiento de licitación pública con la empresa privada DRM para adquisición de 23 mil 600 kilogramos de barra redonda.
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