«Mexicanos quieren castigo a la corrupción, pero la justicia no puede politizarse»: PRD

Ángel Ávila, integrante de la dirección colegiada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), advirtió que desde su partido están de acuerdo con la exigencia de los mexicanos para que se castigue la corrupción como en el caso de Emilio Lozoya; sin embargo, señaló que la justicia no puede politizarse.

Ángel Ávila Romero aseguró que los mexicanos quieren castigo a la corrupción, recordando que el PRD fue el único partido que denunció a Emilio Lozoya por los sobornos de Odebrecht y que todos deben ser investigados pero que la justicia no puede politizarse, acusando que las filtraciones del caso solo ayudan a los corruptos y al circo mediático.

El líder perredista continúo argumentando que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) trata de sacar raja política con el escándalo derivado de la denuncia del extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex) para favorecer a Morena, permitiendo que Lozoya se salve de ir a la cárcel junto con su familia. «La Fiscalía parece una coladera por tanta filtración. Exigimos justicia, vuelvo a repetirlo, no pan y circo.» expresó en su segunda publicación.

Ángel Ávila señaló que, ante los nulos resultados de este gobierno en materia de seguridad, empleo, salud, medio ambiente y otros rubros, AMLO se ha aferrado a que el caso Lozoya le regrese algunos puntos en las encuestas y ayude a su partido en las próximas elecciones federales.

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El día de ayer, la diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora del grupo parlamentario del PRD en San Lázaro, señaló que las investigaciones sobre el caso Odebrecht y los sobornos para la aprobación de la reforma energética deben ir hasta sus últimas consecuencias para que no haya impunidad de los presuntos sobornadores y los acusados de recibir esos pagos.

Por ello, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) actuar con autonomía y transparencia en la investigación, en tanto que a AMLO pidió no utilizar el caso para armar un juicio mediático paralelo al proceso penal con el objetivo de descalificar a la oposición y obtener ventaja política para su partido, haciéndolo igual que los gobiernos anteriores.