Habitantes de la CDMX temen que las Copaco sean retomados por comités vecinales corruptos

El próximo 15 de marzo se llevarán a cabo las elecciones, mediante la modalidad presencial en las Mesas Receptoras de Votación y Opinión, de los integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco), que darán paso a la nueva Ley de Participación Ciudadana 2020-2021.

La Copaco elegirá dos proyectos para el presupuesto participativo; el primero tendrá lugar en el año fiscal 2020 y otro para 2021, los cuales tendrán una asignación del del 50 por ciento del monto, mismo que se distribuirán de manera igualitaria entre todas las unidades territoriales de la demarcación y otro 50% asignado proporcionalmente para el índice de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Dichos proyectos del presupuesto participativo serán destinados para el mejoramiento de espacios públicos, equipamiento e infraestructura urbana, obras y servicios, así como actividades recreativas, deportivas y culturales en las demarcaciones de la Ciudad de México.

Ante las próximas votaciones presenciales, los vecinos han externado su preocupación por los representantes de los consejos vecinales debido a que temen que podrían representar inmobiliarios como comerciales y no necesariamente en beneficio de comunidad y también hay preocupaciones sobre el destino del presupuesto participativo.

En zonas como Coyoacán los colonos han reportado que algunos de los candidatos a comisionados vecinales podrían estar ligados con los últimos comités vecinales y por ende podrían seguir afectando a sus localidades con el visto bueno a la construcción de obras irregulares, situación que se replica en la zona de Polanco y San Ángel, en las alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, respectivamente.

Ante ello, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), aseguró que las elecciones de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) se realizarían de manera limpia y transparente ante cualquier irregularidad o falsificación de votos. Asimismo destacó que que cualquier ciudadano que no sea servidor público está en pleno uso de sus derechos a ser candidatos.

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