FGJ CDMX propone hasta 16 años de cárcel a funcionarios que filtren imágenes de víctimas

La fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, propuso este viernes, sancionar hasta con 16 años de cárcel a los servidores públicos que filtren material sensible de víctimas de delito; lo anterior, en respuesta al “reclamo de la sociedad” por la filtración de imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla. 

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México entregó al pleno del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma al sistema penal para castigar con una pena máxima de hasta 16 años de prisión, cuando los funcionarios sean policías y se trate de imágenes de mujeres, menores o adolescentes.

Erentsina Godoy asumió, en la entrega de la iniciativa, la responsabilidad institucional por la filtración de estas imágenes y llamó a los funcionarios de la fiscalía que ella encabeza a “estar cerca de las víctimas”. 

Asimismo señaló que a la autoridad que ella representa no le corresponde “ni regular ni censurar a los medios”. “Sin menoscabo a la libertad de expresión, les formulamos un atento llamado para que se abstengan de publicar imágenes o información confidencial de las víctimas que violentan sus derechos y el de sus seres queridos. No hagamos negocio con el dolor de las víctimas”, reclamó. 

Este viernes, mientras en paralelo se desarrollaba una manifestación afuera de las instalaciones del diario La Prensa que reclamaba una disculpa pública tanto del director del medio, como del reportero que publicó la nota que difundía las imágenes antes mencionadas (exigencias que, ademas no fueron satisfechas), la fiscalía capitalina entregó al congreso el proyecto de decreto que adiciona un artículo 293 al Código Penal para el Distrito Federal. 

Dicha iniciativa contempla que a quien “indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o compre imágenes, audios o videos o documentos del lugar de los hechos, o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que a ley señala como delito se le impondrá prisión de dos a ocho años y multa de quinientas a mil unidades de medida y actualización”, que a su valor vigente a partir del pasado 1 de febrero, equivale  a entre 43 mil 440 a 86 mil 880 pesos.

La propuesta añade que “si se trata de imágenes, audios o videos de cadáveres o parte de ellos, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas previstas en el párrafo anterior, se incrementarán hasta en una tercera parte”.

Si se trata  de “imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas previstas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad”, añade la iniciativa. 

Además, “cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de alguna institución policial, las penas previstas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad”.

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