AMLO combate outsourcing ilegal como crimen organizado

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la estrategia para combatir la subcontratación o ‘outsourcing’ ilegal por medio de un Grupo de Trabajo Interinstitucional que incluye a la Procuraduría Fiscal de la Federación, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria. Advirtiendo que las empresas que cometan estas acciones incurrirían en crimen organizado y, quienes las contraten, en delitos de seguridad nacional.

Recordando la ampliación al catálogo de delitos graves del Código Penal Federal, el procurador fiscal Carlos Romero explicó que “la reforma precisamente va encaminada a castigar y perseguir como delincuencia organizada a todas esas empresas que dan el servicio de outsourcing ilegal […] es decir, constituyen diversas cantidades de empresas cuyo único objeto es no pagar las cuotas de seguridad social y minimizar la carga tributaria”.

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Mientras que Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, aclaró que el outsourcing ilegal “es aquel que traslada la plantilla laboral a empresas intermediarias con el propósito de encubrir la relación laboral a través de actos simulados para incumplir intencionalmente con las obligaciones laborales o de seguridad social, afectando gravemente a los trabajadores y fomentando la competencia desleal entre empresas que sí cumplen”.

Romero Aranda advirtió que este tipo de empresas entran en el régimen de crimen organizado al ser asociaciones de tres o más personas que en forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas, en este caso la defraudación fiscal. Por lo que, desde el primero de enero de 2020, quienes sean acusados de incurrir en estos actos recibirán prisión preventiva oficiosa y una pena máxima de hasta 20 años de cárcel de ser encontrados culpables.

En el caso de los patrones que contraten los servicios de empresas de outsourcing ilegal para evadir sus responsabilidades laborales, el procurador fiscal mencionó que estarían violando la Ley de Seguridad Nacional. Delito que ameritaría prisión preventiva oficiosa en caso de representar un daño superior a los 7.5 millones de pesos y una pena máxima de 14 años de cárcel de ser encontrados culpables.

Sin embargo, también especificó que el delito de seguridad nacional les ofrece la alternativa de pagar el daño y regularizar su situación para evitar enfrentar una acción penal. Ante esto, las autoridades invitaron a los ‘patrones reales’ a regularizar la situación tanto de ellos como de sus empleados ante los institutos Mexicano del Seguro Social y Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores.

Alcalde Luján concluyó diciendo que, actualmente, se estima que hay en operación 6 mil empresas de outsourcing ilegal que evaden un monto superior a los 21 mil millones de pesos anuales. A lo que Zoe Robledo, director general del IMSS, agregó que, tan solo en diciembre de 2019, se detectaron a 14 mil 553 firmas que dieron de baja a toda su nómina, afectando a más de 64 mil trabajadores, señalándolas como muestra de esta ‘subcontratación abusiva’.

“Esperamos que con el marco legal que se tiene se pueda resolver y desterrar estas prácticas, que ya no se sigan presentando estos fenómenos de evasión”, concluyó López Obrador. Toda vez que volvió a evitar asumir una postura respecto a la reforma contra el ousourcing que se planteó en el Senado de la República. Iniciativa para la que se implementará el Parlamento Abierto, adelantando que sus funcionarios podrían participar en estas consultar y entregar un documento como marco de referencia.