4T y PAN avalan la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad en San Lázaro

Los diputados de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad. Sin embargo, resaltó que en esta ocasión también tuvieron el apoyo total del Partido Acción Nacional (PAN), quien dejó solo a su aliado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La diputada morenista Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, fue la encargada de presentar el dictamen señalando que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública permitirá consolidar un modelo integral de seguridad ciudadana basado en la prevención, la profesionalización policial y la inteligencia estratégica. Asimismo, argumentó que la nueva legislación permitirá racionalizar el uso de los recursos federales en materia de seguridad pública; establecer criterios claros en la aplicación y seguimiento de los mismos; así como evaluar el gasto con la intervención directa de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

A la par, sostuvo que el marco legal servirá para profundizar las fuerzas de seguridad a través de un plan rector de formación con estándares de certificación y un régimen disciplinario actualizado. Junto a eso, afirmó que fortalecerá la interoperatividad institucional y flexibilizará los órganos de coordinación para adaptarse a los nuevos retos.

«Se reconoce también expresamente a la Guardia Nacional como parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública en seguimiento, por supuesto, al artículo 21 constitucional (…) Se crean puentes con los Poderes Judiciales y otras instituciones para unificar criterios, compartir buenas prácticas y generar políticas públicas transversales, porque la seguridad no solo es tarea de la policía, es responsabilidad de todo el Estado mexicano», pronunció.

Más adelante, el priísta César Alejandro Domínguez Domínguez consideró grave la eliminación del párrafo donde se advierte que la seguridad pública debe ser de carácter civil; asimismo, criticó que se dieran facultades al Consejo Nacional de Seguridad Pública para «someter» a las entidades federativas. Esto dado que podrá suspender la entrega de las aportaciones federales a las entidades federativas y municipios cuando estos no cumplan con sus acuerdos.

La ahora emecista Claudia Ruiz Massieu Salinas mencionó que la ley se inscribe en la tendencia de concentración del poder y de información en el Poder Ejecutivo Federal, a expensas del federalismo, y que no enfrenta los retos nacionales. Por eso, aseguró que se trata de un proyecto político que apuesta por la centralización para enfrentar desafíos de Estado que requerirían precisamente de lo contrario.

Aunque reconoció que la adenda hecha de última hora elimina el registro obligatorio de usuarios de líneas telefónicas, protegiendo la privacidad de las personas, señaló que esa modificación es engañosa. Sobre ello, abundó diciendo que aún se mantiene la concentración de información en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

El panista César Israel Damián Retes, por su parte, adelantó que la bancada blanquiazul apoyaría el dictamen porque permitirá evitar llamadas de extorsión desde centros penitenciarios. Asimismo, argumentó que con la legislación se fortalecerán las instituciones civiles de seguridad al establecer la figura del gabinete de seguridad federal y las mesas de paz.

Adicionalmente, expuso que con su voto, los panistas darían al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el fortalecimiento deseado de su cartera, de modo que no habrá lugar para pretextos, improvisaciones o echarle culpa a gobiernos pasados.

Pese a los ataques y críticas emitidas desde estas dos últimas bancadas, en las votaciones acompañaron a Morena, PT y PVEM para avalar el dictamen en lo general, dejando solo al PRI, con 445 votos en pro, 37 en contra, 0 abstenciones. Posteriormente, tras la discusión de las reservas, fue aprobado con 423 votos a favor, 63 en contra y 0 abstenciones.