Vinculan a proceso a José Rosas Aispuro, exgobernador de Durango

Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador panista de Durango, José Rosas Aispuro, por el delito de uso ilegal de la fuerza pública en contra del periodista Carlos Iván Soto Hernández, en un hecho ocurrido en julio de 2022, a dos meses de que entregara la gubernatura.

De acuerdo con las investigaciones, Rosas Aispuro llamó por teléfono a Soto Hernández, quien es colaborador del medio independiente “En Vivo Durango”, y aprovechando su posición como entonces gobernador intimidó y realizó actos de vejación en contra del comunicador, al amenazarlo con denunciarlo ante la Fiscalía por una presunta omisión de cuidados culpándolo de ser responsable de la agresión sexual de la que fue víctima una de las hijas del periodista.

Durante la audiencia en contra del exmandatario estatal que duró más de 30 horas, la defensa del comunicador presentó pruebas que no fueron negadas por los abogados del panista, entre la que destaca que en toda la llamada Rosas Aispuro hizo patente en 17 veces su cargo, el cual también usó de forma reiterada para amenazar que como gobernador actuaría en su contra a través de la Fiscalía.

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Ante estos hechos y tras determinar la vinculación a proceso, el juez de control Juan Luis Ramírez López le impuso también al panista, como medida cautelar, no realizar actos de molestia al periodista. Además, de que determinó un periodo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Por su parte, Carlos Iván Soto explicó en sus redes sociales que “el delito es el abuso de autoridad con motivo de sus funciones en una serie de agravantes que a su vez se le achacan por ser autoridad y que debe de respetar los derechos humanos y la llamada que me hizo de más de 11 minutos violentó mis derechos humanos”.

El periodista informó que él y su defensa también pidieron al juez imponer la medida cautelar de que el exmandatario fuera a firmar cada mes o que se presentara ante las autoridades competentes para evitar que se sustraiga de la justicia, pero el juez rechazó la petición al alegar que no veía que el acusado tuviera interés por evadir la justicia.