Transparencia no debe ser exenta en la reforma a Ley de Adquisiciones: Inai

La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Blanca Lilia Ibarra Cadena, aseguró que la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público posibilita a dependencias y entidades del gobierno a adquirir bienes y servicios para la salud sin un procedimiento de licitación pública con organismos intergubernamentales internacionales, mediante mecanismos de colaboración previamente establecidos.

Durante el foro virtual ‘Garantía de transparencia en contratos del sector público, implicaciones con el T-MEC e interacción con leyes relacionadas’, la comisionada señaló que la entrada de este también implica transparencia en las contrataciones públicas, pues en su capítulo 13 estableces disciplinas con el fin de promover la transparencia e igualdad de oportunidades para la participación de los proveedores de las partes en los procedimiento de contratación.

Asimismo, recordó que entre las principales disposiciones que cuenta el T-MEC en materia de contrataciones públicas, se encuentran la obligación de transparentar los procedimientos, dando a conocer al ganador la información del sobre la adjudicación, así como la incorporación de medidas anticorrupción en los procesos de contratación.

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En tanto, la comisionada Lilia Ibarra expuso que en México, la Ley General de Transparencia establece que en el caso de adjudicaciones directas, debe ser publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia, además de las cotizaciones consideradas donde se especificará el nombre de proveedores y montos; el nombre de la persona física o moral adjudicada; el monto del contrato y plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra, así como informes de avances, entre algunos otros datos.

Finalmente, consideró en el foro, que es fundamental transparentar los procesos de adquisiciones, ya que de acuerdo con la Transparencia Mexicana, en el territorio mexicano, las contrataciones públicas representan alrededor del 11.9% del Producto Interno Bruto (PIB), y comprenden el 22% del presupuesto destinado a la Administración Pública Federal.