Suprema Corte suspende Ley de Remuneraciones

Este viernes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación prohibió utilizar la Ley Federal de Remuneraciones para fijar los sueldos de los funcionarios. 

El ministro Alberto Pérez Dayán concedió una suspensión en la acción de inconstitucionalidad que promovieron senadores de oposición para invalidar la ley, entre los que se encuentran los senadores líderes de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y Movimiento Cuidadano, Miguel Ángel Osorio Chong, Rafael Moreno Valle, Miguel Ángel Mancera y Dante Delgado Ranauro, respectivamente; además del senador independiente Emilio Álvarez Icaza.

La legislación prohíbe que cualquier servidor público gane más de 108 mil pesos mensuales, y quedará suspendida hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicte una sentencia al respecto. En su acuerdo, Pérez Dayán señala que otorga la suspensión para “evitar que se cause un daño irreparable».

Cabe destacar que esta suspensión no impide que la Cámara de Diputados establezca la remuneración del presidente Andrés Manuel López Obrador y que para el presupuesto de egresos establezca los salarios de otros servidores públicos conforme lo establece la Constitución.

Asimismo, la suspensión concedida impide que se modifiquen los salarios de aquellos cargos que están protegidos por la Constitución en los artículos 75 y 127, y que atañen a los integrantes de organismos autónomos que se encuentren en funciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y por ende lo relativo al Poder Judicial de la Federación.

En su demanda, los senadores argumentaron que solicitaron la suspensión toda vez que “se encuentra en riesgo la vigencia de diversos derechos fundamentales como los son el de los servidores públicos a percibir una remuneración proporcional, adecuada y equitativa”, esto, en vista de que afectará no solo a los magistrados, sino que se amplia a todo trabajador y trabajadora que se dedique a actividades de la función pública.

De momento el Congreso deberá fijar los sueldos como siempre lo ha hecho, sin aplicar la Ley de Salarios y tomando en cuenta las propuestas enviadas por cada dependencia u organismo público.