Sheinbaum revela que trabaja en una reforma al Tribunal de Justicia Administrativa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que su gobierno trabaja en una reforma al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) porque actúa igual que la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) guardando “en el cajón” durante mucho tiempo los casos con la única intención de no resolverlos.

Cuestionada sobre si conocía casos de corrupción en este tribunal que 8 de los 11 integrantes están vinculados con personajes priístas y panistas como los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones o Emilio Gamboa, la mandataria federal expresó que efectivamente “hay muchos casos”, pero señaló que afortunadamente muchos de sus integrantes ya terminarán sus periodos.

“Tiene que venir también una parte para lo administrativo, ya lo estamos trabajando. Y muchos de estos magistrados ya también se está terminando su periodo”, reveló.

Ante estos casos de corrupción existentes es este tribunal que también resuelve casos multimillonarios, dijo que es sabido que sus integrantes usan mecanismos como la propia Corte para evitar dar resolución a los casos que deberían tener sentencia pronta y expedita.

“Usan prácticas similares a las que ha usado la Corte en donde, para no resolver: regresan casos o guardan los casos en el cajón durante mucho tiempo. Eso ocurre en el Tribunal de Justicia Administrativa”, expresó.

A la par, Sheinbaum Pardo refirió que en el caso de los casos de corrupción, se deben denunciar ante la Fiscalía porque es esta instancia a la que le corresponde indagar. “Si hay un caso de corrupción, pues, evidentemente, se denuncia. Si hay casos de corrupción, eso ya lo tienen que determinar las instancias correspondientes y poner su denuncia en la Fiscalía”.

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La presidenta detalló que la reforma al Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene que ver con la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) que se concretó con la elección el pasado 1 de junio, pero que recordó que aún hay leyes secundarias que se tienen que aprobar y que tienen que ver con los procesos que se deberán seguir como el acortar la resolución de los casos para que no pasen 18 años como algunos de los juicios que se conocen.

Entre estas leyes, dijo, son las que tienen que ver con la reforma al Tribunal de Justicia Administrativa porque van a tener impacto en su manera de resolver.

“Recuerden que la reforma al Poder Judicial tiene que ver con procesos largos; o sea, no solamente es la elección de jueces, magistrados y ministros o juezas, magistradas y ministras, sino también con los tiempos de resolución. Entonces, estableció que un juicio mercantil tiene que resolverse en 6 meses, eso dice la Constitución. Para eso tienen que modificarse muchas leyes, que son las que ahora algunas de ellas ya se enviaron y otras están por enviarse, que tienen que ver con todos los procesos, desde la Ley de Amparo y otros, para poder reducir los tiempos; y que, en efecto, se cumpla la Constitución para que los juicios no se vayan a (…) años sin resolverse.

“Entonces, eso viene en las siguientes leyes, y eso le afecta al Tribunal de Justicia Administrativa o le impacta al Tribunal de Justicia Administrativa”, sostuvo.

Entre los casos más mediáticos que se han conocido que han resuelto a modo los integrantes del Tribunal destacan el de la exsecretaria de Desarrollo Social de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, que los magistrados revocaron la decisión de la Secretaría de la función Pública (SFP) de inhabilitarla como funcionaria pública por no declarar una cuenta bancaria; así como el caso de la disminución de 14 millones de pesos de los más de 35 millones de pesos en adeudos fiscales que tenía la exlideresa del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Elva Esther Gordillo, por lo que únicamente pagó 21 millones de pesos.

Asimismo, los mismos integrantes de ese tribunal, de los cuales Calderón nominó a cinco para ocupar ese cargo, Peña Nieto a tres y Andrés Manuel López Obrador a tres, también concedieron cancelar los créditos fiscales al exgobernador priista de Chihuahua César Duarte, y de su esposa por lo que las autoridades deben de devolverles las propiedades que les hacían asegurado.

Sobre este último caso, autoridades iniciaron créditos fiscales en su contra, uno de los créditos fue de 17 millones 285 mil 958.86 pesos a cargo del exgobernador y el otro por 84 millones 18 mil pesos a cargo de la empresa Hidroponia de Parral, sumando un total de 101 millones 285 mil 958 pesos. En este último caso, Bertha Gómez, esposa de Duarte, fue implicada en los presuntos delitos fiscales bajo la figura de deudora solidaria. Pero tras la resolución del Tribunal, estos créditos fueron eliminados y las propiedades que solventaban estos créditos tienen que ser devueltas.