Senado aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030

El Senado de la República avaló la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Destacó que esta fue avalada casi por unanimidad de las bancadas existentes, con excepción de los integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los cual aseguró que sólo repite errores del pasado, pero en condiciones más adversas.

Durante la presentación del dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República, la senadora morenista Jesús Lucía Trasviña Waldenrath dijo que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública de Claudia Sheinbaum evalúa la aplicada en el sexenio anterior y la diagnostica para fortalecer lo que ha dado resultados positivos. Sin embargo, indicó que esta también incorpora una nueva visión para mejorar los dividendos, proponiendo cuatro ejes rectores: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación con el gabinete de seguridad y entidades federativas.

«De estos ejes se desprenden las estrategias y líneas de acción que perciben tres objetivos generales: Disminuir la incidencia delictiva; neutralizar a generadores de violencia y grupos delictivos; fortalecer las capacidades de prevención y proximidad social de las policías locales. Esta estrategia, si bien atiende a una concepción general, que es lo que se atiende en una estrategia, también contiene líneas de acción y acciones estratégicas para el logro de lo planteado en los ejes ya señalados, pero, sobre todo, hay que dar resultados», pronunció.

Desde Movimiento Ciudadano (MC), el senador Clemente Castañeda Hoeflich expresó que la bancada naranja reconoce avances respecto a la estrategia pasada, ya que en la planteada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había objetivos ambiguos, más ideológicos y no necesariamente instrumentos de política pública. En tanto, apuntó que la actual administracion planteó un documento con un enfoque más técnico, metodológico y estructurado.

No obstante, el legislador jalisciense consideró que no se abordan de manera exhaustiva el fenómeno de las desapariciones, forzadas o no forzadas; el papel de las Fuerzas Armadas Permanentes ni cómo se coordinarán con la Secretaría de Seguridad Pública; ni una ruta más clara para fortalecer las instituciones de seguridad local, pues la coordinación no basta para ello.

La defensa del dictamen también llegó por parte del Partido del Trabajo (PT) en voz de su senador y presidente vitalicio Alberto Anaya Gutiérrez, quien señaló que ve bien la creación del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial; sostuvo que eso sienta las bases para un combate más sistémico y preciso a la inseguridad. Asimismo, argumentó que la coordinación de los tres órdenes de gobierno, independientemente de ideologías, es fundamental para solucionar la inseguridad.

En contra de la propuesta se manifestó el PRI. Miguel Ángel Riquelme Solís expuso que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública presentada es una repetición de los errores del pasado, pero ahora con todo militarizado, sin controles judiciales y sin contrapesos. Asimismo, señaló que a eso se le debe sumar el debilitamiento de las fuerzas locales de seguridad y un secretariado ejecutivo que centraliza atribuciones en lugar de hacer a la seguridad pública una facultad concurrente.

«¿Cómo se pretende ejecutar esta estrategia si se reduce el presupuesto a las áreas claves encargadas del análisis criminal, la inteligencia y la prevención del delito? (…) No hay congruencia entre las reformas planteadas, entre la estrategia y el presupuesto asignado, cuando las ocurrencias superan la razón, la realidad se impone y los obliga a corregir lo que como oposición ya habíamos advertido», pronunció.

La sorpresa la dio el Partido Acción Nacional (PAN) cuando el senador Francisco Javier Ramírez Acuña anunció que apoyarían el dictamen para que la 4T no tenga pretexto de que le faltaron instrumentos y facultades al Poder Ejecutivo para dar resultados en materia de seguridad. En tanto, consideró la propuesta tiene muchas carencias, pues no precisa cómo se detendrá la violencia en las carreteras del país o cómo se apoyará económicamente a los estados y municipios para su cooperación en las tareas de seguridad pública.

Al final de la discusión, el dictamen fue votado con 104 sufragios a favor, 16 en contra y una abstención. Enseguida, se anunció que sería remitido al Poder Ejecutivo Federal , en cumplimiento de la fracción XI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.