La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la facultad que se otorgaba, desde 2019, al titular del Poder Ejecutivo para disponer, por decreto, de los recursos ahorrados por la Key Federal de Austeridad Republicana.

Por mayoría de 9 votos, el pleno del máximo tribunal del país declaró inconstitucional el artículo 61, párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la que se extendía facultades al presidente de la República para decidir el destino de los recursos públicos obtenidos como resultado de la implementación de la estrategia de medidas de austeridad.

“La norma disponía que los ahorros generados por el Ejecutivo Federal como resultado de la adopción de medidas de austeridad podrán ser utilizados en términos del Plan Nacional de Desarrollo, o bien, que podían dirigirse al destino que por Decreto determine el Titular” del Ejecutivo Federal”, señaló la Corte.

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Los ministros de la SCJN señalaron que el último señalamiento que se hace en el enunciado de la descrita ley vulnera la facultad que es “exclusiva” de la Cámara de Diputados para decidir el destino de los ingresos públicos, como lo establece el artículo 74, fracción IC, de la Constitución. “nuestro diseño constitucional deposita exclusivamente en esa Representación Popular la facultad democrática de elegir el destino de los recursos públicos”.

El proyecto propuesto por la ministra Norma Lucía Piña Hernández detalla que “si bien debe haber flexibilidad en las normas presupuestarias para hacer frente a imponderables como la disminución o el aumento en los ingresos previstos para cubrir el presupuesto, pero no puede llegar al extremo de que la Cámara de Diputados renuncie su facultad exclusiva en determinar el monto y destino del gasto público”.

Con dicha resolución se concluye con la acción de inconstitucionalidad promovida desde 2019 por senadores de la oposición, en la que demandaban la invalidez de la norma.