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Renuncia el fiscal de Chihuahua ante investigaciones por presencia de agentes de la CIA
El fiscal general del Estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, presentó su renuncia con carácter de irrevocable a la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Esto en medio de las investigaciones sobre la presunta presencia de agentes de Estados Unidos en un operativo antidrogas. El propio funcionario informó inicialmente sobre la participación de personas extranjeras, versión que posteriormente fue matizada tras señalamientos de medios estadounidenses respecto a que en realidad eran elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).
En una conferencia de prensa nocturna, César Jáuregui afirmó que renunciaba a ser fiscal de Chihuahua por la responsabilidad que impone el servicio público y con pleno respeto a la transparencia que la ciudadanía demanda ante las investigaciones sobre agentes extranjeros en operativos de la entidad. Sostuvo que su actuación, así como la de la institución a su cargo, ha tenido como directriz la protección de la sociedad y el uso de toda la fuerza del Estado para enfrentar al crimen organizado.
“Es una labor que realizamos cientos de funcionarios en esta fiscalía con un enorme compromiso y muchas veces arriesgando nuestra seguridad. Dicho compromiso exige, además de valor y convicción, el estricto respeto a la legalidad, a la soberanía y a los protocolos de colaboración internacional. En ese equilibrio se fundan las decisiones que hemos tomado y las facultades que debemos ejercer para garantizar la seguridad y la justicia”, pronunció.
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El ahora exfuncionario insistió en que la información dada inicialmente por él, en torno a la presencia de personas extranjeras que se identificaron como presuntos funcionarios, era inconsistente y ameritaba una indagatoria. Asimismo, indicó que las pesquisas internas realizadas hasta ahora arrojan la existencia de omisiones, tanto en la información como en la gestión institucional respecto de los puntos de contacto con dichas personas.
Jáuregui Moreno planteó que tal omisión vulneró los mecanismos de control y comunicación que él tenía la obligación de asegurar para su funcionamiento eficaz. Ante eso, reconoció una responsabilidad política en el ámbito del liderazgo institucional y la necesidad de corregirla.
Este consideró que tales hechos eclipsaron la destrucción de uno de los laboratorios más grandes en la historia de México y un golpe a las capacidades del crimen organizado. Sin embargo, sostuvo que la exigencia de resultados en la lucha contra el crimen organizado no puede ni debe justificar actuaciones que no guarden estricto apego a la ley.
“Entiendo que la medida más adecuada para corregir esta situación es poner a disposición mi cargo para permitir que las investigaciones se desarrollen con autonomía, prontitud y exhaustividad y para restablecer la confianza pública. Lo más importante es evitar que este caso afecte el esfuerzo institucional y de coordinación que se ha venido desplegando durante estos años en Chihuahua”, añadió.
Finalmente, dijo esperar que su decisión contribuya a reforzar la disciplina institucional, así como a mejorar los controles internos y a preservar la integridad de las operaciones legítimas contra la delincuencia organizada.
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