Rechaza Romero Oropeza que con reforma gobierno tome más poder del Infonavit: “se mantendrá el sello tripartita”.

El director general del Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, rechazó que la reforma al instituto enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso de la Unión busque que el sector gobierno tenga más atribuciones que los otros dos sectores: empresarial y trabajadores, en la configuración tripartita que tiene la institución en sus órganos de gobierno, como acusa la oposición.

Durante la conferencia de prensa ‘las mañaneras del pueblo’ de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que pese a que con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se avanzó al modificar el modelo de pago de los créditos de viviendas para que no fueran impagables, caso de 4 millones de beneficiarios actualmente, porque en lugar de disminuir su crédito cada vez que pagaban su mensualidad, este incrementaba. Ahora se congelan los costos y no se desaloja a las familias que incurran en falta de pagos.

Detalló que con la reforma la presidenta propone que el Consejo de Administración del Infonavit tenga un modelo como el que tiene actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que mantiene el sello tripartita: sector empresarial, sector trabajador y sector gobierno, pero con la distinción de que en el Infonavit se integre al director general como parte de la gobernabilidad, como es el caso del IMSS, porque ahora en el instituto de vivienda “no tiene voto en el Consejo” y que se adelgacen los dos órganos de gobierno.

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Explicó que la integración del Infonavit quedará integrado por 30 miembros de la Asamblea General —que presidirá el Director General, pero que antes era rotativa entre los representantes de los sectores— cada sector tendrá 10 representantes; en tanto que el Consejo de Administración será compuesto por 12 integrantes, cuatro por cada uno de los sectores. Actualmente, antes de la reforma, había 45 integrantes en la Asamblea General, 15 por cada uno; más 15 miembros del Consejo de Administración, 5 por cada sector y el director no era miembro de este. Además de que enfatizó que “las direcciones del sector empresarial y la dirección sectorial de trabajadores no tienen funciones sustantivas, ni responsabilidad”.

Es decir, subrayó, se respetará el tripartismo paritario en los dos órganos de gobierno; se homologa al esquema que tiene el IMSS; el director general será el representante del Ejecutivo y por tanto será nombrado y removido por el o la presidenta. “Hoy la presidenta propone, pero la Asamblea decide”; además se eliminarán las direcciones sectoriales de los trabajadores y empresarial porque “no tienen funciones sustantivas ni responsabilidades, pero si prerrogativas y percepciones económicas muy por encima del sueldo de la Presidenta de la República”.

Además, abundó, se terminará con el esquema de pago por asistencia a las sesiones dela Asamblea, el Consejo, los Comités y Comisiones de los integrantes de los sectores, que actualmente se les paga entre 60 y 90 mil pesos a cada asistente por acudir a cada sesión.

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Un punto importante, destacó, es que se permitirá la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y se van a dar responsabilidades directas, trazables y transparentes en el manejo de los recursos.

“(Actualmente) tanto el Sector Empresarial como el de los Trabajadores se han opuesto a la fiscalización de la ASF, al grado de ordenar a la anterior Dirección General del Infonavit (Carlos Martínez, durante el gobierno del expresidente López Obrador), ampararse contra sus resolutivos”, destacó al tiempo que reiteró que hasta ahora los directores no son parte del Consejo.

Asimismo, dijo que con la reforma se tendrá un sistema de vivienda con orientación social bajo tres vertientes: crédito barato y suficiente principalmente para los trabajadores que ganan menos de dos salarios mínimos que no tienen acceso a la vivienda porque su crédito no les alcanza; se desarrollará vivienda comprando terrenos y construyendo las viviendas a través de una empresa constructora que será creada. Además de que los trabajadores que así lo deseen podrán rentar sin exceder el pago del 30 por ciento de su salario para que a largo plazo puedan comprar esa casa.

La oposición ha señalado que el gobierno de Claudia Sheinbaum busca apoderarse de los recursos del fondo de vivienda de los trabajadores para construir el un millón de viviendas que la mandataria prometió y que busca edificar durante su sexenio.

En tanto, la presidenta sostuvo que lo que la reforma busca es “erradicar la corrupción, que sea transparente el uso de los recursos para los trabajadores, que son sus Fondos de Ahorro que permiten que puedan tener vivienda; y generar un esquema donde también participe la vivienda privada, los desarrolladores privados, sobre todo, estatales, sociales de vivienda, pero hacer vivienda social, que es el objetivo central del Infonavit”