¿Qué son los fideicomisos públicos que pretende eliminar Morena?

Como parte de la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la necesidad de canalizar recursos para la atención de los efectos sanitarios y económica de la pandemia, un sector de Morena ha decidido proponer la eliminación de 109 fideicomisos. El tema ha comenzado a tomar relevancia ante la oposición de científicos, artistas y gobiernos locales, pero ¿qué son los fideicomisos públicos?

La Ley Orgánica de la Administración Pública coloca a los fideicomisos como entidades de la administración pública paraestatal mediante los cuales el Poder Ejecutivo se auxiliará para promover determinados sectores o actividades lícitas. En su artículo 47, reitera que su propósito de constitución es impulsar las áreas prioritarias del desarrollo. Además, mandata que estos tengan una estructura orgánica análoga a las otras entidades y que tengan comités técnicos.

Los fideicomisos como tales se encuentran compuestos por tres personas:

-El fideicomitente: quien constituye el fideicomiso y otorga los recursos, bienes o derechos.

-El fiduciario: quien recibe los bienes y se encarga de la administración de los mismos para una finalidad determinada.

-El fideicomisario: Quien se beneficia del fideicomiso, pudiendo ser el mismo fiduciario.

De esta manera, el fideicomitente transfiere recursos al fiduciario para que este los administre, pudiendo hacerlo para sí mismo o para beneficiar a otras personas.

Estos están sustentados en su carácter público en la Ley de las entidades Paraestatales, donde se dice que el poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, será el fideicomitente único de la Administración Pública Federal Centralizada. Por ende, será esta secretaría la que cuide de los contratos a la hora de establecer los derechos y acciones que correspondan ejercer al fiduciario.

En dichos contratos, también se deberá precisar los derechos y acciones que corresponda ejercitar al fiduciario sobre los bienes fideicomitidos, las limitaciones que establezca o que se deriven de derechos de terceros, así como los derechos que el fideicomitente se reserve y las facultades que fije en su caso al Comité Técnico.

Vale la pena recordar que el pasado 2 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ordenó mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la extinción de todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica para trasladar sus recursos a la Tesorería de la Federación.

Sin embargo, la necesidad del ingreso del poder legislativo en esta estrategia administrativa se debe a que el artículo 45 de la ley mandata que, si bien los contratos constitutivos de fideicomisos de la Administración Pública Federal Centralizada pueden ser revocados, esto debe ser sin perjuicio de los derechos que correspondan a los fideicomisarios o terceros habiendo un impedimento extra para aquellos por mandato de la Ley o que la naturaleza de sus fines no lo permita.

Dentro de los fideicomisos propuestos para desaparecer está el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), creado al final del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León en 1999. Su existencia se sustenta en la Ley Federal de Cinematografía. De acuerdo a esta, el objeto que tiene será el fomento y promoción permanentes de la industria cinematográfica nacional que permita brindar un sistema de apoyo financiero. En este caso, los fideicomitentes serían productores, distribuidores, comercializadores y exhibidores de películas nacionales preferentemente para el otorgamiento de capital de riesgo, capital de trabajo, crédito o estímulos económicos.

Su Comité Técnico es el encargado de evaluar los proyectos y asignar los recursos. En tanto, está integrado por un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; uno del Instituto Mexicano de Cinematografía; uno por la Academia Mexicana de Ciencias y Arte Cinematográficas; uno del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, uno de los productores, uno de los exhibidores y uno de los distribuidores, a través de sus organismos representativos.

Durante el gobierno de Ernesto Zedillo también se estableció la creación de otro fondo que hoy es objeto de deseo para su extinción por parte del grupo de Mario Delgado: el Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Este nació con el propósito de atender a la población damnificada, así como para reparar los daños ocasionados por los fenómenos naturales ante la necesidad de operar más rápidamente en las reconstrucciones puesto que las reasignaciones de recursos restaban velocidad a esto.

En este caso, es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos el que funge como fiduciario del Fonden, administrando los recursos autorizados para la atención de daños ocasionados por huracanes, sismos, incendios y otros desastres naturales.

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En el artículo 37 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se menciona que el Presupuesto de Egresos deberá incluirse las previsiones para el Fondo para la Prevención de Desastres, así como para el Fondo de Desastres, y el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, con el propósito de constituir reservas para, respectivamente, llevar a cabo acciones preventivas o atender oportunamente los daños ocasionados por fenómenos naturales.

En dicha ley se encuentra la limitante que para algunos puede estorbar para reasignar recursos en teoría para el sector salud. De acuerdo a esta norma, las asignaciones que estos fondos pueden variar anualmente, sin embargo, en su conjunto no podrán ser inferiores a una cantidad equivalente al 0.4 por ciento del gasto programable.

Ambos ejemplos muestran las particularidades que atienden y su base en distintas leyes. Además, cuentan con reglamentos y lineamientos que complementan lo señalado en las leyes federales, motivo por el cual el argumento de Mario Delgado para su extinción, pidiendo que se revise esta legislación para ajustarlos, mejorarlos y hacerlos más eficientes y económicos, revisando caso por caso ante los problemas que pudieran generar su desaparición,

Por una parte, desincentivarían parte de la industria fílmica de México, la cual no solo ha entregado productos como los de Eugenio Derbez y Omar Chaparro como han argumentado algunos, sino también películas mexicanas que han recibido apoyo gubernamental y han competido por estatuillas a nivel nacional e internacional. Por la otra, se pone en riesgo una actuación para atender los daños generados por eventos como sismos, teniendo en la memoria la reciente experiencia de los ocurridos en 2017, cuyos daños aún continúan siendo atendidos 3 años después.