Presentan Brugada y Alcalde reformas contra violencia hacia las mujeres en CDMX

La jefa de Gobierno de Ciudad de México (CDMX), Clara Marina Brugada Molina, y la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, presentaron públicamente iniciativas de reformas contra la violencia hacia las mujeres. Esto a fin de imponer agravantes, junto a penas más altas, para castigar la violencia de género que se esconde tras el concepto de «violencia familiar» y en establecimientos como los hoteles.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Clara Brugada expresó que es necesario reforzar la aparición del Estado ante la violencia contra las mujeres, dado que, si bien se ha avanzado, sigue presente. En ese sentido, expuso que el 76% de las capitalinas han sufrido violencia de género; 65% violencia sexual; 55% violencia psicológica; 42% algún tipo de violencia por parte de sus parejas; 39% violencia física; y 15% en el ámbito familiar.

Ante ese panorama, señaló que promovería este martes una reforma al Código Penal de CDMX específica para reforzar los tipo penales de «violencia familiar», «abuso» y «acoso sexual digital». En tanto, indicó que pediría al Congreso local avalar su propuesta de cambios a la Ley de Establecimientos Mercantiles y a la Ley de Turismo.

La Reforma al Código Penal

Bertha Alcalde expresó que el primer objetivo de esto es tener, en el artículo 200 del Código Penal de CDMX, un tipo penal particular de violencia familiar cometida en pareja, proponiendo ampliar el término para que se comprenda la existencia de esta no solo cuando hay concubinato, matrimonio o antecedentes de los mismos, sino también cuando haya relación sexo-afectiva. Apuntó que esto se distinguirá de los delitos de violencias entre padres e hijos, o entre parientes colaterales hasta el cuarto grado, del artículo 200 bis. Asimismo, dijo que quien cometa violencia entre parejas se le impondrá de uno a seis años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima y se les sujetará a servicios reeducativos públicos o privados.

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Por otra parte, anunció que, de aprobarse en sus términos las propuestas, se incorporarán conductas agravadas en violencia familiar, haciendo que se persigan de oficio y se sancionen con 2 a 7 años de prisión, cuando: las víctimas sean niñas, niños o adolescentes; las personas afectadas presenten una discapacidad; sean personas de 60 años o más; sean mujeres en estado de embarazo o durante los seis meses posteriores al parto; se cometa con el uso de armas de cualquier tipo; se deje una cicatriz permanente o genere una lesión que tarde en sanar más de 15 días; y el agresor cuente con antecedentes penales contra cualquier persona.

Bertha Alcalde señaló que se estará modificando el artículo 176 para establecer que también comete abuso sexual quien, sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, realice cualquier acto de naturaleza sexual. Especifica además que se entenderán por «acto de naturaleza sexual» los tocamientos, roces, frotamientos corporales o exposición de zonas erógenas o genitales; en tanto, añade que no se considerará «consentimiento» la ausencia del mismo».

Asimismo, detalló que se mantiene la sanción de uno a seis años de prisión para quien lo cometa y se añade una multa de doscientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Junto a eso, se establecería la imposición de la obligación de acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres a quienes incurran en dicha conducta y la persecución de oficio del delito.

Por otra parte, explicó que la iniciativa de Brugada Molina contempla ajustar el artículo 179 para sancionar el acoso sexual con mayor severidad, con hasta dos terceras partes de la pena, de 1 a 3 años, cuando se ejerza desde una posición de jerarquía o poder; en un entorno laboral, escolar, doméstico, de formación, deportivo, de cuidado o de prestación de servicios; y se condicione de forma explícita o implícita la obtención de mantenimiento o modificación de beneficios, derechos, evaluaciones, ascensos, calificaciones, remuneraciones, cargas de trabajo, derechos económicos, profesionales, académicos o de permanencia. Asimismo, se incluye que, si el que comete el delito es un servidor público en funciones de autoridad, se le impondrá la destitución e inhabilitación para ocupar el cargo.

Finalmente, precisó que en materia de acoso sexual digital se establecerá en el artículo 179 bis que este es cometido por quien, haciendo uso de medios tecnológicos, informáticos, de radiodifusión o de transmisión de datos, contacte o intente contactar a una persona menor de dieciocho años, o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo. Destaca que la pena, de 2 a 4 años, se aumentará hasta en una mitad cuando el sujeto activo se haga pasar por menor de edad, servidor público, docente o persona de confianza, o utilice una identidad falsa, manipulación tecnológica, ingeniería social u otra estrategia de suplantación.

Ajustes para hacer los hoteles y moteles más seguros

Por su parte, la consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas Fuente indicó que la reforma a Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México y a la Ley de Turismo de la Ciudad de México tiene como propósito reforzar la seguridad en hoteles y moteles; prevenir delitos como feminicidio, trata de personas y violencia sexual; y la creación de protocolos para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y la infancia.

La funcionaria comentó que mediante las modificaciones se establecerá la identificación obligatoria con documento oficial y fotografía para todas las personas que ingresan; el registro de nombre, domicilio, hora de entrada y salida, así como el número de la placa de los vehículos de las personas que ingresen; el registro y vinculación de menores de edad a una persona adulta responsable; la obligación de reportar ante la autoridad, de manera inmediata, de la llegada de una posible víctima de violencia.

Asimismo, mencionó con los cambios sugeridos se establecería la videovigilancia obligatoria en entradas, salidas, áreas comunes y estacionamientos; un protocolo de actuación para establecimientos con perspectiva de género y la contratación de seguridad privada registrada y capacitada; así como la notificación inmediata a la Secretaría de Seguridad Ciudadana o la fiscalía capitalina si no hay respuesta de la habitación o se detecta situación de riesgo.