Presenta Creel controversia constitucional contra decreto presidencial que blinda Tren Maya y obras prioritarias

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del reciente decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual clasifica proyectos como el Tren Maya, el corredor Transístmico y varios aeropuertos como de seguridad nacional.

Según Creel, esta medida limita la transparencia y el acceso a la información pública. En el documento presentado, argumenta que el decreto del presidente es un acto arbitrario que vulnera el derecho humano a la transparencia y al acceso a la información gubernamental, consagrado en el artículo 6o de la Constitución.

Además, sostiene que este decreto invade las competencias del Poder Legislativo y transgrede leyes relacionadas con la seguridad nacional, la transparencia y la rendición de cuentas en proyectos de obras públicas.

Según el texto, «constituye una transgresión a las facultades legislativas del Congreso de la Unión, toda vez que el Titular del Ejecutivo Federal amplía el concepto de seguridad nacional establecido en la Ley, sin contar con las atribuciones para realizarlo».

La controversia presentada por Creel Miranda también acusa al Ejecutivo de intentar asumir el papel de legislador, al otorgar el estatus de «seguridad nacional» a las megaobras sin contar con el respaldo legal para hacerlo.

El documento cita la Ley de Seguridad Nacional, la cual establece que los legisladores tenían la facultad de precisar el concepto de seguridad nacional y determinar la acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservarla, con el fin de evitar discrecionalidades y arbitrariedades por parte de las autoridades.

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Además, argumenta que el decreto impide la máxima publicidad de la información y afecta negativamente el principio de transparencia, el cual debe prevalecer en este tipo de procedimientos.

Santiago Creel anunció esta acción mediante un video difundido en redes sociales, donde reiteró que el decreto del presidente es un acto arbitrario que atenta contra el derecho humano a la transparencia y al acceso a la información gubernamental.

Asimismo, afirmó que presentó la demanda con el objetivo de defender las atribuciones que la Constitución otorga al Poder Legislativo, como representante del pueblo de México.

El legislador agregó que este decreto perjudica la eficacia, la economía y la honradez en la gestión de los proyectos emblemáticos de la actual administración, como la construcción del Tren Maya, el tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.

Creel subrayó que el decreto es doblemente grave, ya que viola los derechos humanos y es inconstitucional, considerando la resolución de la SCJN del pasado 18 de mayo, que establece que el presidente no puede cambiar el significado de seguridad nacional, interés público y acceso a la información pública gubernamental.

La presentación de esta controversia constitucional se produce después de que la SCJN invalidara la semana pasada un primer decreto emitido por López Obrador en 2021, que buscaba clasificar los proyectos de su administración como de interés público y seguridad nacional. En ese entonces, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, encargado de la revisión del decreto, lo consideró inconstitucional debido a su amplitud y ambigüedad.

Por tanto, siguiendo lo dictaminado por la SCJN, el legislador albiazul exhortó al presidente a que, en caso de que la Corte reitere la inconstitucionalidad del decreto y si persiste en emitir un nuevo acuerdo sobre lo ya resuelto, la Cámara de Diputados impugnará su actuación en repetidas ocasiones.

«Sí, presidente, la Constitución es la Constitución y la ley es la ley», sentenció el panista, enfatizando su compromiso con la defensa de la Constitución y la separación de poderes en la República.