El director general de Petróleos de México (Pemex), Octavio Romero Oropeza, aseguró que la empresa Baker Hughes no es una empresa consentida ni se le entregaron ampliaciones de contratos tras la renta de una casa por parte de uno de sus directivos a José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En conferencia de prensa, Octavio Romero comentó que Baker Hughes es la quinta empresa que más factura a Pemex. Asimismo, señaló que esta ha prestado sus servicios a la empresa del Estado desde hace más de cinco décadas y que, junto a otras 24, facturan el 50% de toda la inversión de un año en Pemex Producción y Exploración.

El funcionario comentó que los montos facturados en general se han ido incrementado en los últimos años debido a que no se ha dejado de invertir en la actividad de exploración y producción de crudo, incluso pese a la pandemia de Covid-19. A la par, mencionó que actualmente no hay empresas consentidas y que en el caso de Baker Hughes esta tuvo sus mayores contrataciones entre 2008 y 2014, es decir, en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

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Tras ello, Romero Oropeza dijo que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) miente al afirmar que en agosto de 2019 se otorgó a Baker Hughes una asignación directa por 89 millones de dólares. Al respecto señaló que el contrato se le otorgó mediante licitación pública donde participaron seis empresas para ofertar bombas electro centrífugas y que lo ganó porque ofertó un precio 42% por debajo del precio de referencia; en contraste, la siguiente mejor oferta solamente daba un descuento del 8%.

El director de Pemex también cuestionó la veracidad de lo publicado por Peniley Ramírez en Reforma, quien denunció una supuesta ampliación de contratos por más de 100 mdd para la empresa. Al respecto, argumentó que se observa que la periodista desconoce los distintos tipos de contratos que maneja la petrolera, pues en realidad se trató de «ordenes de servicio» previstas en los acuerdos referenciales y que están permitidos por la ley.

Este mencionó que fue esa la razón por la cual la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no cuestionó la supuesta ampliación. Además, explicó que un contrato referencial tiene la finalidad de proveer bienes y servicios a Pemex durante al menos 5 años, tiempo en el cual, por medio de solicitudes de órdenes de trabajo, pueden adicionarse montos a contratos en función de las necesidades de los proyectos y sin licitaciones previas.

Finalmente, Octavio Romero comentó que los requerimientos no son discrecionales, sino que se basan en catálogo de precios prestablecidos. En tanto, aseguró que los datos de este tipo de operaciones están en la página de internet de Pemex, por lo que los interesados no necesitan «inventar» ni buscar en lo oscurito.