Milei manda proyecto de reforma al Estado para privatizar paraestatales y limitar protesta

El presidente de Argentina, Javier Milei, envió al Congreso un proyecto de ley para reformar al Estado, obtener una ampliación de sus capacidades legislativas y poder privatizar las actuales empresas estatales. Dicha iniciativa implica un reforzamiento al plan de gobierno que anunció y ha empezado a ejecutar en favor del libre mercado, sosteniendo que eso mejorará la situación económica y social que prevalece en la nación sudamericana.

El proyecto enviado por Javier Milei lleva por nombre “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y es una reforma estatal que promete consolidar la estabilidad económica. Asimismo, señala que garantizará el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos, además de que mejorará la asignación de recursos en la economía nacional con el fin de asegurar los beneficios de la libertad para todos los habitantes.

En el documento se propone que el Congreso le delegue facultades legislativas declarando la existencia de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Al respecto, mencionó que la intención es que, a partir de bases pertinentes, pueda aplicar la normativa que considere necesaria.

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Asimismo, busca que el Poder Ejecutivo nacional concentre en un solo régimen el sistema nacional de contrataciones públicas en lugar de basarse en distintas normas que regulan aspectos generales y contratos administrativos en particular. En tanto, asegura que se instaurarán sistemas rápidos y eficaces de prevención y solución de controversias, tales como la conciliación, la mediación, el avenimiento y el arbitraje, previendo y en su caso creando paneles técnicos o tribunales administrativos.

Las políticas “neoliberales” aplicadas con anterioridad por la “casta” que prometió desmontar se hacen totalmente tangibles en la intención de privatizar empresas públicas argumentando que ello generará mayor competencia. Sobre ello, aseguró que ello traerá eficiencia económica, reducción de la carga fiscal, mejora de la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas.

Entre tales paraestatales que pretende posicionar en la inversión privada están Aerolíneas Argentinas S.A, Administración General de Puertos S.E, Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Banco de la Nación Argentina; Casa de Moneda S.E., Energía Argenetina S.A., Nucleoeléctrica Argentina S.A., Radio de la Universidad Nacional del Litoral S.A., Radio y Televisión Argentina S.E., Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Yacimientos Carboníferos Fiscales Empesa del Estado e YPF S.A.

La ley, entre otras cosas, retoma la ya anunciada implementación de medidas que limiten las manifestaciones públicas argumentando que se garantizará la libre circulación y normal desarrollo de las actividades económicas y laborales de todos los habitantes. De manera puntual, indica que será encarcelado de uno a tres años y seis meses el que , sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbara o entorpeciera el funcionamiento de transportes por tierra, agua o aire, así como los servicios púbicos de comunicación, provisión de agua, electricidad o sustancias energéticas.

Paralelamente, indica que cuando se incurra en ello usando armas propias y se cause daño a la integridad de las personas tendrá una pena será de dos a cuatro años de prisión, a menos de que se les impute un delito más severamente penado. En tanto, habría penas de tres a seis años de prisión a quienes obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una protesta mediante intimidación, simulación de autoridad pública, falsa autoridad, promesa de remuneración o amenaza de quita o asignación de beneficio.