“México, a cita con la historia por caso Ayotzinapa”: ONU-DH 

La Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU en México presentó el informe en el cual hace una recapitulación del las detenciones, actos de tortura y demás irregularidades en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, en 2014.

Este documento se realizó con la finalidad de evidenciar las irregularidades que se han cometido en contra de los policías municipales de Iguala y Cocula, así como de miembros de la organización criminal Guerreros Unidos luego de los eventos de Río San Juan en los que se encontraron restos humanos en bolsas de basura, presuntamente de los normalistas desaparecidos. Se enfatizó que el Alto Comisionado, Jan Jařab, y su equipo no son defensores de los detenidos, sino del Estado de Derecho.

El Alto Comisionado explicó que el informe se titula Doble Injusticia por los actos de tortura en los que incurrieron las autoridades federales al detener a 129 imputados por el caso Ayotzinapa, de los cuales 54 presentaron evidencia de maltrato en las pruebas realizadas por médicos  de la Procuraduría General de la República, 34 de ellos con evidencia clara de tortura.

Pero también porque busca dejar constancia de los abusos que han interferido con el derecho a la verdad de los afectados, sus familiares, las víctimas y la población en general.

De acuerdo con el informe, las violaciones a los derechos humanos habrían sido perpetradas por elementos de la PGR, la Policía Federal y la Secretaría de Marina por medio de torturas, toque eléctricos, violencia sexual, así como con amenazas de violar y matar a esposas e hijas de los implicados. La mayoría habrían ocurrido entre octubre y diciembre de 2014. Aunque se registran algunas en 2015.

La Oficina del Alto comisionado profundizó en los hallazgos realizados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) conformado en 2014 por el gobierno federal y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Para estas se basó en los estudios médicos realizados por la PGR que muestran evidencia de agresiones, incluso de tortura, pero que no estaban ahí antes cuando los imputados fueron examinadas por la Semar; declaraciones hechas ante un juez y ratificadas ante el Ministerio Público; entrevistas con autoridades, detenidos, familiares y testigos; el hecho de que entre las detenciones y la puesta a disposición del MP transcurrieron entre 8 y 27 horas, cuando la tortura tiende a ocurrir en las primeras 48 horas; justificaciones no creíbles por parte de las autoridades como que los retrasos fueron a raíz de que no se presentaron ese día o que las heridas fueron realizadas en disputas ocurridas un día antes de la detención; y, finalmente, declaraciones «voluntarias» de admisión de culpa cuando el derecho constitucional nadie está obligado a declararse culpable o en contra de sí mismo.

Cae presunto implicado en desaparición de los 43 de Ayotzinapa

En un apartado especial se analizan los hechos realizados por la Agencia de Investigación criminal en Río San Juan cuando detuvieron a Agustín García Ríos y, posteriormente, el titular de la AIC, Tomás Zerón utilizaría de “manera fraudulenta” el nombre de la ONU Derechos Humanos y otras instancias internacionales para justificar su accionar.

El reporte fue realizado de acuerdo con los estándares y metodologías de la ONU a nivel mundial, y se hizo con apoyo de la CIDH, el GIEI y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De igual manera, se ha mantenido una comunicación confidencial con la PGR sobre los descubrimientos. Sus objetivos principales con contribuir a la búsqueda de la verdad, la lucha contra la violencia y la tortura, y a la información pública en el debate sobre transformar la PGR en una Fiscalía general realmente autónoma y profesional.

Este último punto va incluido en las recomendaciones dirigidas al Poder Legislativo federal, mientras que al Judicial se le insta a obviar toda evidencia obtenida por medio de la tortura e incluir peritajes externos realizados por la CNDH y la ONU.

El alto comisionado enfatizó en varias ocasiones la necesidad de que el Protocolo de Estambul se haga por agentes independientes y no por la PGR, la cual realiza los exámenes meses incluso años después de los hechos, cuando las muestras de tortura tardan alrededor de 6 semanas en desaparecer. De igual manera, asegura que instancias internacionales han destacado que en México el Protocolo se utiliza simplemente para argumentar que no hubo tortura, y no como una herramienta de contextualización del caso.

La presentación de ‘Doble Injusticia’ se realizó en la sala Mario Molina de la Sede Conjunta de la ONU en la Ciudad de México Foto:Carlos Montesinos

Otro punto del reporte trata sobre la reacción institucional ante el caso Ayotzinapa y su investigación. La cual en un principio fue irregular e insuficientes, aunque hubo una mejora en 2017 con las labores del visitador especial de la PGR, César Chávez Flores.

Sobre la voluntad política de las autoridades para erradicar la tortura sistemática, el Alto Comisionado dijo guardar un entusiasmo moderado. Recuerda que el gobierno federal recibió con cierto grado de hostilidad el reporte del visitador especial de la ONU en materia de tortura, sin embargo, todas sus recomendaciones fueron incluidas en la vigente Ley General contra la Tortura. Así como valora la transición al Nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual, dice,ya ha comenzado a dar resultados.

El alto comisionado enfatizó que su oficina no cuenta con facultades jurídicas así como este informe no abre nuevas líneas de investigación a seguir o se acusan responsabilidades. Por lo que dependerá del Poder Judicial atender la evidencia mostrada en el reporte y disponible por las vías pertinentes.

El alto comisionado cerró la conferencia diciendo que, pese a que los funcionarios involucrados gozan de impunidad y siguen en sus cargos, el caso Ayotzinapa puede tener cualidades transformadoras para que México atienda a ‘su cita con la historia’ y erradique la tortura sistemática de su sociedad.

Informe de ONU «no aporta elementos nuevos que permitan avanzar en la investigación» de Ayotzinapa: PGR